El pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, se basa en su presunta participación en la actividad contractual de un convenio interadministrativo y las irregularidades que habría cometido en dicho proceso. Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, se alega que Urrutia Ocoró no siguió las recomendaciones del grupo de contratación de la entidad, que le advirtió sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de llevar a cabo un proceso de selección más plural.
Se sostiene que la exministra optó por la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), aparentemente sin considerar los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad en la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva. Esto podría ser considerado como una falta disciplinaria.
Además, se alega que Urrutia Ocoró no tomó en cuenta que Aldesarrollo carecía del personal idóneo para cumplir con las obligaciones del convenio y que no estaba en capacidad de cumplir con los términos pactados, responsabilidades que recaían en la exministra.
Debido a estas presuntas irregularidades, la Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta de la exministra como una falta gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que se le imputan acciones deliberadas y graves que podrían tener consecuencias legales y disciplinarias para Urrutia Ocoró. El proceso disciplinario continuará para determinar la responsabilidad final de la exministra en relación con estos hechos.