La sentencia SU-288 emitida por la Corte Constitucional en 2022 tiene importantes implicaciones para abordar la alta informalidad de la tierra en departamentos colombianos como Santander, Norte de Santander y Boyacá. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha socializado los alcances de esta sentencia en Bucaramanga, específicamente en la región del Gran Santander.
Uno de los aspectos clave de la sentencia es la ratificación de que la ANT es la única entidad autorizada para adjudicar baldíos de la Nación. Esto surge en respuesta a un conflicto de competencias identificado por la Corte Constitucional entre algunos jueces de la República y la ANT con respecto a la adjudicación de estos terrenos. La Corte encontró que algunos jueces estaban otorgando derechos de propiedad sobre terrenos baldíos a particulares mediante sentencias de pertenencia, a pesar de que estos terrenos no pueden ser declarados propiedad privada por autoridades judiciales, ya que son imprescriptibles.
La sentencia SU-288 establece varias medidas para abordar la informalidad de la tierra, entre las cuales se destacan:
i) Poner en marcha la Jurisdicción Agraria: Esto sugiere la implementación de un sistema judicial especializado en asuntos agrarios.
ii) Consolidar el catastro multipropósito: Implica la integración de información de diversas fuentes para tener un registro completo y actualizado de la propiedad de la tierra.
iii) Actualizar el sistema de registro: Este punto se refiere a la necesidad de modernizar los procesos de registro de la propiedad.
iv) Materializar el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral: Este fondo probablemente esté destinado a facilitar el acceso a la tierra para comunidades rurales y promover la reforma agraria.
v) Ejecutar el plan de formalización masiva de la propiedad rural: La formalización busca regularizar la situación legal de la propiedad rural, lo que puede incluir la titulación de tierras y otros procesos para garantizar la seguridad jurídica.
La sentencia SU-288 aborda el problema de la informalidad de la tierra en Colombia mediante diversas medidas que buscan fortalecer la regulación y adjudicación de baldíos, así como promover la formalización de la propiedad rural.