Todos por la memoria de los desaparecidos

Foto: Memoria Abierta

Boyacá y Guaviare se unen por la memoria de los desaparecidos y víctimas. En conclusión, el ejercicio realizado “con toda seguridad ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento”.
En un proceso que les ha tomado tres años, han podido aproximarse a la reconstrucción de las narraciones alrededor del conflicto. Finalmente, hacen un llamado a los actores sociales pues, en campo se determinó que “es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos”.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con las familias víctimas, recolectaron durante tres años información alrededor de todo lo que ha sido el conflicto armado, y lo que sus actores han dejado a la memoria, reconstruyendo un documento de narrativas, de sucesos, de historias y de relatos, con el objetivo caminar hacia la paz, la verdad, la reconciliación y la no repetición.
En contexto, los investigadores señalaron en su bitácora, que “los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia”.
Tal vez la finalidad central de esta unión ente autoridades, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de investigación, es “lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá de Boyacá”, según indicó el consolidado del Informe de la UBPD, titulado “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: consolidando el protagonismo de familiares y la comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD”.
Sobre este se destacó que “Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca). Así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño”.
“Esta experiencia evidencia la importancia que tiene el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y la coordinación con las organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos con trabajo en los territorios y en particular con familiares de víctimas de desaparición forzada. De esta forma, se puede llegar con mayor facilidad a las comunidades apartadas con difícil acceso, por medio de la generación de puentes con la institucionalidad. Es así como se construye mayor confianza hacia las instituciones y se logra la participación directa y efectiva de las víctimas”, explica el informe.
Con ese panorama y “ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar”.
La Alianza de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de Derechos Humanos desde el año 2018 conformada por CINEP/PPP, el Colectivo OFB, Corporación Vida-Paz y COSPACC en la ejecución del proyecto denominado ‘Consolidando El Protagonismo De Familiares Y Comunidades En La Implementación Territorial Del Mandato De La UBPD” ha podido realizar acompañamiento a las víctimas de desaparición forzada en las rutas de exigibilidad de derechos.
De manera desgarradora, el ejercicio juicioso de la recolección de datos en el terreno donde se reportaron los casos de desaparición explica que: “la topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que las buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos”.
“Esta alianza permitió a las organizaciones sociales construir con las comunidades y familiares víctimas de desaparición forzada una relación de confianza, la cual permitió el dialogo, la cercanía a sus historias, el conocimiento de la información sobre casos de familiares desaparecidos y sobre los lugares donde posiblemente podrían estar. De igual forma, brindar a las familiares víctimas de desaparición forzada y a las comunidades el apoyo con asesoría jurídica, psicosocial y capacitación para el fortalecimiento del tejido social, de resolución pacífica de conflictos y acciones encaminadas a la construcción de una paz estable y duradera en el marco del pos-acuerdo”, indica una de las conclusiones del arduo trabajo de investigación, inmersión, diálogo y memoria.
Además, en el informe publicado que consta de 11 páginas, se escribe una fuerte crítica para que sea resuelta por parte de las instituciones encargadas del proceso de verdad, reparación, y no repetición de los hechos causados por el conflicto armado en el país. Sen el análisis, “esta relación de confianza permitió que los familiares, lideresas y líderes comunales y comunitarios con quienes se realizó el trabajo, pudieran compartir información sobre diferentes casos de desaparición forzada que ocurrieron en sus veredas y/o en algunas rutas”.
Agregan que “este breve contexto de la Provincia es causa de un fuerte deterioro del tejido social. El miedo y la desesperanza aprendida son guardias del silencio. El papel de las instituciones es negacionista e indiferente y perpetúan un ciclo en el que las víctimas son revictimizadas. El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación y la escucha”.

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