Boyacá le Informa

Las clases presenciales no pueden ser impuestas por capricho gubernamental

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El primer muerto por COVID 19 en Colombia sucedió el 6 de marzo de 2020, ese mes murieron 26 colombianos, en abril fallecieron 291, mayo  510, junio 600, es decir en los primeros cuatro meses de pandemia murieron 1.110 conciudadanos, lo que significa un promedio de 9.2 víctimas por día; ahora son 600 muertos diarios por COVID cifra que aterra pero lo que produce verdadero escalofrío y horror es el pasmoso cinismo conque el Ministerio de salud ordena disminuir las medidas de bio-seguridad  para facilitar el absurdo retorno a clases presenciales.

El 16 de marzo de 2020 cuando fallecía por COVID19 en promedio diario 1 colombiano inició el confinamiento; se cerraron las instituciones educativas de todos los niveles, públicas y privadas; se clausuró el comercio salvo farmacias y supermercados; la actividad laboral se paralizó al igual que el transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo. Todo ello para frenar el contagio y la muerte, se pretendía darle tiempo a la ciencia de encontrar la vacuna y al Gobierno de incrementar el número de camas de cuidados intensivos UCI. Ahora mueren 600 compatriotas al día, hoy el total de fallecidos por COVID19 supera los 111.000, se han contagiado más de 4.5 millones de colombianos y es ahora precisamente ahora,  en el punto más crítico del tercer pico de ésta, ya larga y mortífera pandemia, que el Ministro de Salud y la Ministra de Educación

proclaman el  gran logro en vacunación, la inminente y cercana inmunidad de rebaño, mentiras, que nacen de sus calenturientas y despistadas cabezas, para justificar su irresponsable y antisocial medida de regresar a la presencialidad educativa.

El Gobierno al amparo de la emergencia sanitaria, económica y social destinó en 2020 más de 100 billones de pesos para "atender" la pandemia, los favorecidos de esta danza billonario fueron los dueños de la Banca, los grandes empresarios y las EPS, en contraste no hubo un solo peso adicional para atender la educación pública, víctima del asalto presupuestal perpetrado en 2001 por Andrés Pastrana con el acto legislativo 01 de 2001 y complementado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el acto legislativo 04 de 2007; semejante raponazo hizo retroceder la educación pública 30 años en materia financiera.

A nivel mundial todos los sectores han sido golpeados por la pandemia siendo la educación y la salud los más afectados; en Colombia la indolencia y despreocupación gubernamental frente a la educación pública es total, contrasta con el interés y preocupación de otros países como Alemania que  adicional al presupuesto educativo del  2020 invirtió el 5% del PIB   (700 billones de pesos colombianos)para atender exclusivamente las necesidades educativas sobrevinientes en infraestructura, tecnología, conectividad y formación docente.

Desde mediados del año anterior el Gobierno de Duque en cabeza de la Ministra de Educación María Victoria Angulo conocida de vieja data por ser la vocera representante de la fundación "Empresarios por la Educación" se dio a la tarea de impulsar la "alternancia educativa" como cortina de humo para tapar el horror  de una criminal política educativa contra los niños, que la pandemia desnudó totalmente mostrando todas las desvergüenzas gubernamentales y las condiciones  infames y miserables que desde hace décadas padecen nuestros niños y niñas en escuelas carentes de medios tecnológicos y conectividad requeridos, sin agua potable ni baterías sanitarias, sin salones de clase que cumplan con las especificaciones técnicas, con tamaños

de clase que conducen al hacinamiento estudiantil

Modernizar la infraestructura educativa cuesta más de 50 billones de pesos, dice el Gobierno no tener recursos para hacerlo, pero permite que 70 billones de pesos del erario anualmente vayan a los bolsillos de intermediarios, contratistas, abogados y funcionarios públicos corruptos; establece subsidios a las transnacionales, a la banca; impulsa la exoneración tributaria a los poderosos por más de 20 billones de pesos anuales. Son Gobiernos serviles a los intereses oligárquicos y verdugos del pueblo.

También, la pandemia, mostró la valentía, sacrificio y compromiso del magisterio colombiano que sin titubeos invirtió todo su esfuerzo, tiempo y energía en llevar el mensaje educativo a sus alumnos, tratando de superar las dificultades y antisociales brechas creadas por el modelo privatizador neoliberal impuesto por los gobiernos de turno desde hace tres décadas.

Ahora de manera irresponsable y abusiva, la Ministra Ángulo amenaza con retenerles el salario a los y las docentes que asuman una conducta ética de defensa a la vida y no cumplan los torvos propósitos ministeriales de regresar a las aulas educativas sin garantías de bioseguridad

Fecode en buena hora acertó en la orientación de impulsar tutelas contra tamaña irresponsabilidad gubernamental de obligar la presencialidad educativa en momentos en que el país se encuentra en el pico más alto y letal de contagios y muertes. Ya el tribunal de Santander falló en favor de la vida y ordenó suspender el retorno a las instituciones educativas hasta cuando existan condiciones de bioseguridad. Esperamos muchas más sentencias en el mismo sentido.

Docentes, alumnos y padres de familia suman más de 26 millones de colombianos, ellos son la comunidad educativa, los que animaron la movilización social pacífica y también serán quienes se declaren en desobediencia a los caprichos imperiales de una Ministra que por cuidar los intereses particulares del mercado educativo no entiende ni atiende la terrible emergencia sanitaria en que se debate nuestra Nación.