M\u00e1s de mil denuncias, pagos retrasados y contratos inestables ponen en evidencia grietas en uno de los programas sociales m\u00e1s sensibles del pa\u00eds.
Una nueva alerta sacude al Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar (PAE), pieza clave para garantizar la nutrici\u00f3n de millones de estudiantes en Colombia. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica advirti\u00f3 sobre serias falencias en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, al tiempo que encendi\u00f3 las alarmas por posibles irregularidades en el manejo de recursos p\u00fablicos.
El diagn\u00f3stico no es menor. Entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 se\u00f1alan problemas laborales: retrasos en pagos, v\u00ednculos contractuales inestables y presuntas irregularidades en la contrataci\u00f3n. De ese universo, cerca de 50 denuncias apuntan directamente a las condiciones de las manipuladoras, evidenciando un patr\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de casos aislados.
Seg\u00fan el ente de control, estas trabajadoras \u2014fundamentales en la cadena de prestaci\u00f3n del servicio\u2014 estar\u00edan siendo vinculadas bajo esquemas repetitivos de corta duraci\u00f3n, en periodos cercanos a cuatro meses. Esta pr\u00e1ctica, advierte la entidad, podr\u00eda estar siendo utilizada para fragmentar la relaci\u00f3n laboral y evadir obligaciones como el pago completo de seguridad social y otras garant\u00edas legales.
El problema no solo compromete derechos laborales. Tambi\u00e9n impacta directamente la eficiencia del gasto p\u00fablico. Durante 2025, las auditor\u00edas de cumplimiento realizadas a nivel nacional identificaron cerca de 30 hallazgos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por m\u00e1s de 18.600 millones de pesos. La causa: posibles sobrecostos en la operaci\u00f3n del PAE, donde recursos destinados a salarios dignos no estar\u00edan llegando a quienes ejecutan el servicio.
En ese contexto, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que estas irregularidades desnaturalizan la finalidad del programa, afectan su sostenibilidad y ponen en riesgo la calidad del servicio que reciben ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.
Ante este panorama, el organismo inst\u00f3 al Ministerio del Trabajo a intensificar las acciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las normas laborales en la operaci\u00f3n del PAE y garantizar la protecci\u00f3n efectiva de los derechos de las manipuladoras.
El llamado tambi\u00e9n se extendi\u00f3 a entidades territoriales y operadores del programa, a quienes se les exige adoptar medidas inmediatas y verificables que aseguren condiciones laborales dignas, en l\u00ednea con lo establecido en la Ley 2466 de 2025 y las directrices de la Unidad de Alimentos para Aprender.
Las cifras hist\u00f3ricas refuerzan la preocupaci\u00f3n. Entre 2022 y 2025, la Contralor\u00eda ha identificado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por m\u00e1s de 49.662 millones de pesos en la ejecuci\u00f3n del PAE. De ese total, el 67% corresponde a sobrecostos, mientras que un 17% est\u00e1 relacionado con fallas en procesos contractuales. Las regiones Centro Oriente y Caribe concentran los mayores montos comprometidos.
M\u00e1s all\u00e1 de los n\u00fameros, el informe deja un mensaje claro: el \u00e9xito del PAE no solo depende de la cobertura, sino de la dignidad de quienes lo hacen posible. Sin condiciones laborales justas, advierte la Contralor\u00eda, no hay garant\u00eda de un servicio sostenible ni de una correcta inversi\u00f3n de los recursos p\u00fablicos.
El pa\u00eds, ahora, queda a la espera de respuestas concretas. Porque detr\u00e1s de cada cifra hay trabajadoras invisibles\u2026 y millones de estudiantes que dependen de ellas cada d\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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