La justicia hall\u00f3 responsables a dos uniformados por el homicidio de un joven venezolano durante las protestas de septiembre de 2020. La sentencia tambi\u00e9n establece que intentaron ocultar evidencia para desviar la investigaci\u00f3n.
Despu\u00e9s de casi seis a\u00f1os de investigaciones, audiencias y recolecci\u00f3n de pruebas, la justicia colombiana emiti\u00f3 una de las decisiones m\u00e1s significativas relacionadas con los hechos ocurridos durante las protestas del denominado 9S. Un juzgado penal de conocimiento de Soacha conden\u00f3 a dos patrulleros de la Polic\u00eda Nacional por la muerte de un manifestante y por maniobras posteriores destinadas a ocultar evidencia clave del caso.
La decisi\u00f3n judicial se relaciona con los acontecimientos registrados el 9 de septiembre de 2020 en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, donde decenas de ciudadanos se concentraron para protestar tras la muerte de Javier Ord\u00f3\u00f1ez, un hecho que desencaden\u00f3 movilizaciones y disturbios en varias ciudades del pa\u00eds.
Seg\u00fan las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n durante el juicio oral, los patrulleros \u00d3scar Alexander M\u00e1rquez Rojas y Wilmer Andr\u00e9s Ricaurte Pinilla accionaron sus armas de dotaci\u00f3n contra varias personas que participaban en la manifestaci\u00f3n. Uno de los proyectiles disparados impact\u00f3 a Anthony Gabriel Estrada Espinoza, un ciudadano venezolano de 28 a\u00f1os que se encontraba en el lugar y que falleci\u00f3 como consecuencia de las heridas. La investigaci\u00f3n estableci\u00f3 que el disparo mortal fue realizado por M\u00e1rquez Rojas.
Pero el caso no termin\u00f3 con la muerte del joven manifestante. De acuerdo con los hallazgos de la Fiscal\u00eda, ambos uniformados habr\u00edan intentado alterar el curso de las investigaciones al reportar como completa la munici\u00f3n asignada cuando entregaron sus armas en el armerillo de la estaci\u00f3n policial. Con esta acci\u00f3n buscaban generar la apariencia de que sus armas no hab\u00edan sido utilizadas durante los hechos ocurridos esa noche.
Tras valorar el material probatorio, el juzgado conden\u00f3 a \u00d3scar Alexander M\u00e1rquez Rojas a 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material probatorio. En el mismo fallo, Wilmer Andr\u00e9s Ricaurte Pinilla recibi\u00f3 una pena de 50 meses de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el caso.
La sentencia representa un avance en la b\u00fasqueda de verdad y justicia por los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de septiembre de 2020, que dejaron m\u00faltiples v\u00edctimas en Bogot\u00e1 y municipios cercanos. Sin embargo, el proceso judicial a\u00fan no concluye por completo.
La Fiscal\u00eda confirm\u00f3 que contin\u00faan activas las investigaciones para esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma jornada en Ciudad Verde y determinar qui\u00e9nes fueron los responsables. Estos hechos tambi\u00e9n han sido objeto de seguimiento por parte de organismos de derechos humanos y de representantes de las v\u00edctimas.
Aunque la decisi\u00f3n judicial marca un precedente importante en materia de responsabilidad individual de agentes del Estado, el fallo es de primera instancia y a\u00fan puede ser objeto de apelaci\u00f3n mediante los recursos contemplados en la legislaci\u00f3n colombiana.
Mientras tanto, para las familias de las v\u00edctimas y para quienes han seguido el caso desde 2020, la sentencia constituye un paso significativo en el esclarecimiento de uno de los episodios m\u00e1s controvertidos ocurridos durante las protestas que marcaron la historia reciente del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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