Cinco integrantes del Ej\u00e9rcito Nacional fueron condenados a 20 a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n tras aceptar su responsabilidad en la tortura, el homicidio y la desaparici\u00f3n forzada de un campesino con discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.
Las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n permitieron que el cabo segundo Cristian Daniel C\u00f3rdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jes\u00fas Oyola Ortiz y Miguel \u00c1ngel Caicedo Hern\u00e1ndez suscribieran un preacuerdo judicial, avalado por un juez de conocimiento, mediante el cual reconocieron su participaci\u00f3n en los delitos de tortura, homicidio y desaparici\u00f3n forzada, todos agravados.
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la v\u00edctima, identificada como Fl\u00f3rez Manco, de 27 a\u00f1os, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha, luego descartada, de pertenecer a un grupo armado ilegal. Una vez en la base, fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un \u00e1rbol.
Las labores de polic\u00eda judicial del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) establecieron que el hombre permaneci\u00f3 retenido cerca de cinco horas, tiempo durante el cual fue sometido a tratos crueles, entre ellos episodios de asfixia y sofocamiento, hasta que muri\u00f3 dentro de un ba\u00f1o de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al r\u00edo El Cerro.
Tres semanas m\u00e1s tarde, las autoridades recuperaron el cuerpo y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determin\u00f3 que la muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.
Este caso ya hab\u00eda dejado una primera condena. El teniente Leider Ortiz Ortiz, entonces comandante de la base militar, fue sentenciado tambi\u00e9n mediante preacuerdo a 20 a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n por los mismos hechos.
El proceso contin\u00faa abierto contra el sargento segundo Andr\u00e9s Olivio Guti\u00e9rrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes tambi\u00e9n fueron acusados y permanecen privados de la libertad mientras la justicia define su situaci\u00f3n.
El caso, conocido p\u00fablicamente meses atr\u00e1s, ha generado un fuerte rechazo por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza P\u00fablica contra un civil en condici\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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