La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n judicializ\u00f3 a cinco personas se\u00f1aladas de organizar un sorteo de manera irregular en el municipio de Susac\u00f3n, Boyac\u00e1, durante las ferias y fiestas del pueblo en agosto de 2018. Los imputados enfrentan cargos por el delito de ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico.
Los procesados fueron identificados como Roberto Oliveros Vargas, Jaime Enrique D\u00e1vila B\u00e1ez, Martha Isabel Le\u00f3n B\u00e1ez, Alexandra Mar\u00eda Su\u00e1rez Alarc\u00f3n y Luis Enrique Rodr\u00edguez Tolosa. Seg\u00fan el ente acusador, en el marco de las festividades locales del municipio los cinco habr\u00edan organizado una rifa cuyo premio principal era un autom\u00f3vil, adem\u00e1s de varios electrodom\u00e9sticos, sin contar con la autorizaci\u00f3n del Estado para explotar juegos de suerte y azar.
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los elementos materiales probatorios recolectados a lo largo del proceso evidenciaron que la actividad corresponder\u00eda a una explotaci\u00f3n de juegos de azar realizada por fuera de la normatividad vigente, lo que habr\u00eda generado una afectaci\u00f3n directa al monopolio rent\u00edstico del Estado, mecanismo mediante el cual los recursos de este tipo de actividades se destinan a la financiaci\u00f3n del sector salud en el pa\u00eds.
El delito por el que fueron imputados est\u00e1 contemplado en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Penal colombiano y contempla penas de prisi\u00f3n de seis a ocho a\u00f1os, adem\u00e1s de multas que van de 500 a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. La norma busca proteger el monopolio que tiene el Estado sobre los juegos de suerte y azar, cuyas utilidades est\u00e1n destinadas por ley a la salud p\u00fablica.
Casos similares se han presentado en distintas regiones del pa\u00eds en los \u00faltimos meses, en los que la Fiscal\u00eda y organismos como Coljuegos han intensificado los operativos contra rifas y juegos de azar que operan sin los permisos correspondientes, al considerar que este tipo de actividades desfinancia directamente al sistema de salud.
El proceso judicial contra los cinco procesados de Susac\u00f3n contin\u00faa su curso ante los juzgados de la regi\u00f3n, mientras se define la responsabilidad penal de cada uno de los implicados en el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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