El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la condena en contra de Francisco Javier Estupi\u00f1\u00e1n Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporaci\u00f3n Mixta Integral Yapurut\u00fa, se\u00f1alado por su participaci\u00f3n en uno de los episodios de corrupci\u00f3n que afectaron a la Unidad Nacional para la Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras revisar los t\u00e9rminos del allanamiento de cargos, la Sala ajust\u00f3 la pena a 9 a\u00f1os, 11 meses y 27 d\u00edas de prisi\u00f3n, luego de que el procesado suscribiera un principio de oportunidad con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n mediante el cual se comprometi\u00f3 a entregar informaci\u00f3n relevante para la investigaci\u00f3n.
Seg\u00fan estableci\u00f3 el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Estupi\u00f1\u00e1n Bravo intervino en el direccionamiento y la adjudicaci\u00f3n irregular de una orden de proveedur\u00eda dentro de la UNGRD a favor de Yapurut\u00fa, por un valor cercano a los 29.000 millones de pesos, destinada al suministro de 40 carrotanques para comunidades de La Guajira.
La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que el sentenciado anex\u00f3 una certificaci\u00f3n en la que garantizaba la disponibilidad inmediata de los veh\u00edculos, informaci\u00f3n que no correspond\u00eda a la realidad. Con base en esos documentos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se tramitaron desembolsos por 25.375 millones de pesos, pese a que los carrotanques se encontraban todav\u00eda en etapa de ensamblaje.
El proceso contractual dej\u00f3 al descubierto sobrecostos por 11.114 millones de pesos. De ese total, Estupi\u00f1\u00e1n Bravo y el representante legal de Yapurut\u00fa se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que otros 6.784 millones habr\u00edan beneficiado a terceros.
Adem\u00e1s de la pena privativa de la libertad, el condenado qued\u00f3 inhabilitado por 119,9 meses para ejercer derechos y funciones p\u00fablicas, y deber\u00e1 pagar una multa de 5.000 millones de pesos por los recursos apropiados, junto con una sanci\u00f3n adicional equivalente a 82,4 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.
Por otra parte, un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 aval\u00f3 el principio de oportunidad pactado entre Estupi\u00f1\u00e1n Bravo y la Fiscal\u00eda, en el que el procesado se comprometi\u00f3 a aportar informaci\u00f3n sobre otros implicados en el entramado de corrupci\u00f3n, reparar econ\u00f3micamente los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades ind\u00edgenas reconocidas como v\u00edctimas. Con esta colaboraci\u00f3n, la acci\u00f3n penal en su contra ces\u00f3 parcialmente por los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico agravada y falsedad en documento privado.
La decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 qued\u00f3 en firme y hace parte de las actuaciones judiciales que se adelantan por el llamado megasaqueo a la UNGRD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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