El Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 le puso la lupa al manejo de los recursos del millonario empr\u00e9stito autorizado por la Asamblea Departamental en 2024 y orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n entregar cuentas claras sobre en qu\u00e9 se ha invertido cada peso.
La exigencia surge dentro de la demanda de nulidad presentada por el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre contra la Ordenanza No. 026 del 6 de septiembre de 2024, norma que facult\u00f3 al gobernador de Boyac\u00e1 para negociar y firmar contratos de cr\u00e9dito por 230.000 millones de pesos, destinados a financiar proyectos del Plan Departamental de Desarrollo \u00abNuestro Gran Plan es Boyac\u00e1 2024-2027\u00bb. La demanda fue admitida por el Tribunal en noviembre de 2025 y desde entonces avanza en instancia judicial.
Seg\u00fan el alto tribunal, aunque en los debates de la Asamblea se mencionaron en t\u00e9rminos generales las obras de infraestructura que se financiar\u00edan con el cr\u00e9dito, el expediente no ofrece claridad suficiente sobre el destino espec\u00edfico de los recursos ni sobre los contratos derivados de las operaciones de endeudamiento ejecutadas hasta ahora por el departamento.
Por esa raz\u00f3n, el Tribunal requiri\u00f3 formalmente a la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1 para que remita copia completa de todos los actos y contratos financiados con el empr\u00e9stito, especificando la modalidad de contrataci\u00f3n utilizada, los contratistas, supervisores e interventores responsables, el avance f\u00edsico de cada proyecto, los recursos ya girados y los pendientes por desembolsar, adem\u00e1s de un reporte de los intereses corrientes generados por las operaciones de cr\u00e9dito realizadas hasta la fecha.
El despacho judicial tambi\u00e9n le pidi\u00f3 a la Asamblea de Boyac\u00e1 certificar si durante el tr\u00e1mite de la Ordenanza 026 se presentaron oposiciones por parte de alg\u00fan diputado, un dato que podr\u00eda resultar clave para el desenlace del proceso.
La solicitud judicial llega en un momento sensible para las finanzas del departamento. Mientras la justicia examina el destino del empr\u00e9stito de 2024, en la Gobernaci\u00f3n ya se mueven fichas para tramitar un nuevo cr\u00e9dito, esta vez por 180.000 millones de pesos, con el que se buscar\u00eda, entre otros fines, renovar el parque de transporte escolar de los ni\u00f1os boyacenses.
Con este requerimiento, el Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 deja en evidencia que el debate no es solo jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n de transparencia: la ciudadan\u00eda y los propios diputados quieren saber, con nombres, cifras y contratos, en qu\u00e9 se est\u00e1n gastando los 230.000 millones que comprometieron al departamento con la banca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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