¿Cómo así que los inhibidores de señal de la cárcel no son los que impiden la buena señal del sector aledaño?

Junio 23, 2022

¿Cómo así que los inhibidores de señal de la cárcel no son los que impiden la buena señal del sector aledaño?

Foto: Wikipedia

Los inhibidores de señal instalados en la cárcel de Cómbita, cuyo objetivo es impedir las comunicaciones ilegales de las PPL, no son los causantes de la presunta intermitencia de señal que se presenta en sus sectores aledaños.


Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2017, proferida en una acción popular el Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de declarar que el INPEC había vulnerado algunos derechos colectivos de los habitantes de la vereda San Martín del Municipio de Cómbita, le ordenó que procediera a efectuar las adecuaciones técnicas para que los inhibidores de señal ubicados en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita no afectaran en su área exterior las bandas de 850 MHZ y 1900 MHZ usadas para la comunicación móvil.


Por su parte, la Agencia Nacional del Espectro, debería efectuar una visita para determinar que las adecuaciones técnicas se hubieran realizado y que la señal móvil en el exterior del citado establecimiento penitenciario y carcelario no estuviera afectada por las antenas inhibidoras.


Estimando que no se cumplieron las órdenes anteriores, el actor popular formuló incidente de desacato.


Al decidir el incidente desacato, consideró el Tribunal que, contrario a lo considerado por el actor, la intermitencia de la señal de las telecomunicaciones que presuntamente se presenta en los sectores aledaños al establecimiento penitenciario, no se debe a la operatividad de los inhibidores de señal instalados en su interior, cuyo objetivo era impedir las comunicaciones ilegales de las personas privadas de la libertad y que no debían afectar las del exterior del mismo, como quiera que quedó probado con los informes presentados por su Director que en cumplimiento del oficio 8100-DINPE-OFISI-2019IE11139683 emitido por la Dirección General del INPEC, desde el mes de febrero del 2021 y a la fecha, el sistema de los 29 inhibidores de señal de comunicaciones móviles instalados en ese penal, se encuentra apagado.


Indicó que ese hecho fue corroborado por la Agencia Nacional del Espectro, que desde el 22 de febrero de 2021, e inclusive hasta el 2 de abril del presente año, luego de realizadas las mediciones a las bandas de comunicación móvil 850MHz, 1900MHz, 2100 MHz y 2600 MHz, no existía afectación a ninguna, concluyendo que los bloqueadores instalados en la cárcel no se encontraban en operación o la potencia con la que lo hacen era muy baja al punto que no se observaba afectación proveniente de los equipos de la cárcel.


Se probó igualmente que desde esa misma fecha, de manera permanente el director del establecimiento penitenciario ha solicitado al Director General del INPEC la realización de gestiones para el mantenimiento del sistema de inhibición de la señal, a fin de impedir las telecomunicaciones ilegales al interior del penal, sin que se afecte el exterior, particularmente de sus sectores aledaños, quien a su vez ha requerido en varias oportunidades a la USPEC, para que se asignen recursos con dicho propósito, sin que a la fecha se encuentre una respuesta satisfactoria a dicho pedimento.


Igualmente se sostuvo que, en la actualidad en varios establecimientos penitenciarios a nivel nacional, incluido El Barne de Cómbita, se vienen utilizando unos equipos de propiedad del Gaula de la Policía Nacional; tecnología que permite impedir las comunicaciones telefónicas ilegales por los PPL al interior del Establecimiento, que no perturban el espectro, y por tanto no afectan las comunicaciones en el exterior del penal.


Hechos

El señor SALAS PACHECO presentó demanda de acción popular contra el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO E INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, por la presunta amenaza o vulneración de los derechos colectivos contenidos al haber instalado antenas inhibidoras de señal en el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA, en un rango de 2 kilómetros, por cuanto eso afecta la señal de todos los equipos de telecomunicaciones, impidiéndoles el uso de elementos electrónicos y/o de comunicación.


Surtidas las ritualidades pertinentes, esta Corporación profirió sentencia el 17 de noviembre de 2017, resolviendo lo siguiente:


“PRIMERO: DECLARAR que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC si vulneró los derechos colectivos al goce del espacio público y utilización de los bienes de uso público, de los habitantes de la vereda San Martín del Municipio de Combita, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al representante legal INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a efectuar las adecuaciones técnicas para que los inhibidores de señal ubicados en el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COMBITA no afecten en el área exterior de dicho penal, las bandas de 850 MHZ y 1900 MHZ, usadas para la comunicación móvil.


TERCERO: Cumplido el término señalado en el numeral anterior, la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO deberá efectuar una nueva visita para determinar que las adecuaciones técnicas se hayan realizado y que la señal móvil en el exterior del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COMBITA no esté afectada por las antenas inhibidoras, del análisis obtenido presentará informe al comité de verificación de cumplimiento y en caso de comprobarse que no se hicieron los ajustes técnicos se deberán iniciar las medidas sancionatorias correspondientes.


En desarrollo de la etapa de verificación de cumplimiento de fallo, desde el día 19 de abril de 20181 el Magistrado Ponente ha dado apertura a incidentes de desacato, ha realizado audiencias de verificación y ha efectuado requerimiento a las partes, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, actuaciones que han ameritado la adopción de decisiones concretas dirigidas a la cesación definitiva de la vulneración de los derechos colectivos cuya protección fue solicitada en la demanda.




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