¿En qué va la protección del lago de Tota?

Mayo 20, 2021

¿En qué va la protección del lago de Tota?

Foto: Caracol Radio

Los ambientalistas se preguntan qué pasó luego del fallo del Consejo de Estado sobre la especial protección que necesita el Lago de Tota. El Colectivo por la Protección de la Provincia Sugamuxi, compartió el fallo en segunda instancia proferido el 1 de junio de 2020 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, relacionado con la Acción Popular (15001-23-33-000- 2013-00354-02) interpuesta por los ciudadanos Omaira Rivas y Francisco Forero en 20131.


Dicha Acción buscó la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, en especial la protección del Lago de Tota, derechos que consideró vulnerados por el proyecto petrolero pretendido por la multinacional Maurel & Prom.


A continuación, presentamos los puntos más relevantes que contiene la providencia de segunda instancia:


1. En el término de dos meses a partir de la notificación de la sentencia, apoyar y asesorar al municipio de Aquitania sobre la revisión y cumplimiento normativo del Plan de Saneamiento y, en un plazo de seis meses, tener aprobado dicho Plan. En caso de ser necesaria su actualización, se contarán seis meses a partir de la fecha de terminación de la asesoría.


2. Iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar por incumplimiento de las normas ambientales en materia de vertimientos por parte del Municipio de Aquitania, de lo cual, debe presentar informe semestral al Comité de Verificación durante los dos años siguientes a la ejecutoria. El comité estará conformado por: el Magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en el Tribunal Administrativo de Boyacá, Omaira Rivas y Francisco Forero en calidad de actores populares, CORPOBOYACÁ, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.


3. Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Unidad del Planificación Rural y Agropecuaria y, con los municipios con jurisdicción en la cuenca del Lago de Tota, una campaña de educación para los agricultores enfocada en temas ambientales y de uso sostenible de los recursos naturales. Se exhorta a estos mismos actores a que sean apoyo activo en esta campaña, que debe estar en cabeza de CORPOBOYACÁ.


B. Ordenó al Tribunal Administrativo de Boyacá iniciar trámite de DESACATO contra los demandados por la Acción Popular2 interpuesta por Alfonso Pérez Preciado y garantizar las medidas presentes en el pacto de cumplimiento que se encuentran en la Sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 10 de agosto de 2006.


D. Exhorta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que, en cumplimiento de sus funciones, tenga un papel proactivo en el seguimiento al cumplimiento del componente de participación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la licencia ambiental otorgada a la multinacional Maurel & Prom. También la exhorta a la ANLA para que determine si hubo impactos derivados de la actividad de exploración sísmica terrestre contratada a la Compañía Geofísica Latinoamericana (CGL) por la multinacional, y defina las medidas necesarias para resarcir el daño, en caso de que exista conforme lo dicta la ley.


E. Exhorta a la ANLA para que junto a CORPOBOYACÁ determinen si en ocasión de la exploración sísmica terrestre contratada la multinacional Maurel & Prom se presentaron pasivos ambientales. En caso afirmativo, se deberán determinar las medidas de remediación, mitigación y/o compensación a que haya lugar.


En 2005 el ciudadano Alfonso Pérez Preciado interpuso una Acción Popular contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) y los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva, buscando amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, todos afectados por los vertimientos realizados en el Lago de Tota. Expediente AP 15001-23-31-000-2005-00203-00


Como Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi resaltamos que la sentencia del Consejo de Estado reafirma que los impactos ambientales generados por las actividades económicas actuales constituyen una carga considerable para los procesos ecológicos del Lago de Tota. 


Incorporar la actividad de exploración y explotación de petróleo en las inmediaciones del Lago, es contribuir a su directa afectación y a la aceleración de los procesos de transformación y degradación ambiental.


La sentencia también permite evidenciar la debilidad de las instituciones ambientales municipales, departamentales, regionales y nacionales. Pese a la extensa normatividad ambiental del país, muy poca se ha traducido en hechos concretos en beneficio del Lago de Tota, de la cuenca, sus pobladores y beneficiarios. Esta sentencia reafirma lo evidenciado por la Corte Constitucional en su Sentencia SU-098, relacionada con el déficit en la protección Constitucional de los mecanismos de Participación Ciudadana respecto a la industria extractiva. Si bien las autoridades ambientales presentan un ejercicio activo de sus responsabilidades, en la práctica, se debe a la presión y denuncia de las comunidades, ya que su falta de gobernanza ambiental y compromiso social nos obliga a informarnos por cuenta propia y a emprender acciones con las cuales exigir el respeto de los derechos del medio ambiente y de nuestro territorio.


Las acciones jurídicas requieren de tiempo prolongado para la toma de decisiones, situación que viene generando riesgo y permisividad en el detrimento económico, social y ambiental de Lago de Tota. Por ello cada vez cobra más relevancia y es más necesaria la organización colectiva para la defensa del agua, la vida y nuestros territorios.




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