¿Qué pasó con el conductor de la ambulancia de la ESE de Sotaquirá?

Agosto 12, 2021

¿Qué pasó con el conductor de la ambulancia de la ESE de Sotaquirá?

Foto: Youtube

“En principio, la conducción de ambulancia y traslado de pacientes no son propias de empleados públicos sino de trabajadores oficiales. No obstante, cada caso concreto debe analizarse para determinar de qué categoría de servidores son las funciones”: Tribunal Administrativo de Boyacá

De la clasificación de los empleos de las Empresas Sociales del Estado y con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, señaló esta ponencia que por definición legal quienes en su interior desempeñen cargos no directivos, cuyas funciones impliquen el mantenimiento de la planta física hospitalaria o la prestación de servicios generales de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria, corresponden a la categoría de trabajadores oficiales.


En el caso concreto observó el despacho que en su demanda el actor relató haber laborado en la ESE Centro de Salud Manuel Alberto Fonseca Sandoval de Sotaquirá como conductor de ambulancia, desarrollando además otras funciones como asignación de citas médicas, archivo de historias clínicas, cuidado del jardín y mantenimiento de la planta eléctrica de la entidad.


Pues bien, consideró esta ponencia que la conducción de ambulancias y el traslado de pacientes no eran actividades de carácter asistencial, sino que encuadraban perfectamente dentro de las catalogadas como servicios generales, razón por la cual, en principio podría afirmase que el demandante ostentó la calidad de trabajador oficial.


Sin embargo, se estimó necesario revisar el manual de funciones de la E.S.E. demandada que, en relación con el empleo de conductor, establece como propósito principal el “Traslado de pacientes en el menor tiempo posible con todas las normas se seguridad”, y como funciones las allí enlistadas.


De la lectura de las funciones asignadas al cargo de conductor de la entidad no se desprendía ninguna que desbordara las labores de mantenimiento de la planta física o de los servicios generales, recalcando que el traslado de pacientes ha sido catalogado como una labor de servicios generales. Por consiguiente, no había razón alguna para afirmar que el demandante ostentara la calidad de empleado público, pues sus labores eran las de un trabajador oficial, en los términos del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.


Fue el señor Amezquita García, quien, por intermedio de apoderada judicial, incoó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la ESE Sotaquirá, con el ánimo de obtener la nulidad del Oficio de fecha 31 de enero de 2019, a través del cual se dio por terminado unilateralmente su contrato de trabajo.

Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, pidió ser reintegrado a la ESE Sotaquirá en un cargo análogo al que tenía antes de ser desvinculado, pero que pueda desarrollar atendiendo su estado de salud; de igual forma solicitó ser afiliado nuevamente al Sistema de Seguridad Social. Así mismo, solicitó condenar a la demandada al pago de la sanción de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento del despido, los perjuicios que le fueron causados, y las costas y agencias en derecho.


Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que, desde el 3 de marzo de 1999, fue empleado de la E.S.E. Sotaquirá – antes Alcaldía de Sotaquirá-, ocupando el cargo de conductor de ambulancia, realizando además otras actividades como asignación de citas médicas por teléfono, archivo y organización de historias clínicas, cuidado del jardín y mantenimiento de la planta eléctrica, entre otras que le eran asignadas por la gerencia de la entidad.


Manifestó que, desde junio de 2003, su vinculación fue como empleado público en provisionalidad, sin embargo, con ocasión de una reforma administrativa, desde el 1° de agosto de 2017 se le realizó contrato de trabajo a término indefinido, mutando así su condición a la de trabajador oficial.


Pero el Tribunal manifestó que es claro que el demandante no se desempeñó como directivo, no es un profesional de la salud y sus funciones están estrictamente relacionadas con el transporte de los pacientes, ostentando la calidad de trabajador oficial.




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