¿Servicio de transporte público individual de lujo?

Septiembre 16, 2020

Foto: Las2orillas

Diferentes organizaciones del transporte público individual en Colombia, plantean normatividad al Gobierno nacional para que se les permita trabajar con diferentes modalidades y se garantice la seguridad vial. Se basan en decir que en Colombia el sector transporte en la modalidad de servicio individual de pasajeros durante los últimos 50 años han venido cumpliendo con las leyes, decretos y resoluciones, donde las empresas legalmente constituidas se han sometido a la reglamentación impuesta por el estado, en donde el sector empresarial se ha apoyado en la confianza legítima y que debido a dicha reglamentación en la actualidad dependen más de 800.000 familias en el sector.


También argumentan que la Resolución 0002273 de 2014 establece desarrollar la titulación laboral para los conductores de vehículos de transporte de pasajeros y de carga urbana, de transporte especial y monitoras, formación y educación en seguridad vial, impulsar la modificación de los procedimientos para la obtención de la licencia de conducción, estructurar el programa de licencias diferenciadas, analizar el proceso de licenciamiento de conducción por puntos, establecer como programa la licencia de conducción como privilegio y la responsabilidad social empresarial con la seguridad vial.


En la Constitución Política de Colombia en su artículo 4 a la letra dice “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”


Ahora bien, con respecto a las autoridades del sector, manifiestan que en sus funciones de control está formular, para su adopción por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte, la política de educación en materia de seguridad vial, y establecer los contenidos, metodologías, mecanismos y metas para su ejecución, a lo largo de todos los niveles de formación, definir los criterios de evaluación y las modificaciones que sean necesarias desde el punto de vista de la seguridad vial, para actualizar las reglas y condiciones en la formación académica y la realización de los exámenes de evaluación física y de conocimientos teóricos y prácticos, que deberán cumplir los aspirantes a obtener, recategorizar o revalidar una licencia de conducción.


“Que el Art. 78 y 365 de la Constitución Política de Colombia. Título 12 del régimen económico y de la hacienda pública. Capítulo 5: de la finalidad social del estado y de los servicios públicos. Art 365 prestación de servicios públicos: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, dice textualmente una parte de la misiva enviada.


Los organizadores habla de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuya misión es prevenir y reducir los accidentes de tránsito y es el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno nacional en todo el territorio nacional.


Con respecto a los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de estos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el estado mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos deberá indemnizar previamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.


A través de la Ley 1450 de 2011 o Plan Nacional de Desarrollo, el Estado colombiano definió la seguridad vial como Política de Estado y como prioridad del Gobierno Nacional. El artículo 5° de la Ley 336 de 1996 establece que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo y que cuando no se utilicen equipos propios la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente constituidas y habilitadas en Colombia.


En el artículo 8 de la Resolución 2163 de 2016 establece para las Plataformas Tecnológicas las siguientes características:


- Deberá tener funcionalidad independiente para nivel de servicio básico y/o de lujo, para lo cual contará con perfiles de validación diferentes


- Para la gestión de la prestación del servicio público individual de pasajeros, la plataforma debe implementar aplicaciones móviles o interfaces web a los que se pueda acceder directamente desde un teléfono móvil o desde algún otro dispositivo electrónico, de acuerdo a las funcionalidades mínimas.


En concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley 527 de 1999, se deben vincular a la prestación del servicio público de transporte, el empleo y la utilización de equipos y tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales contribuyen a la prestación de un servicio competitivo, dinámico, seguro y de fácil acceso.


Finalmente, se acogen al Decreto 2297 del 27 de noviembre de 2015, donde indica que el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi, puede prestarse en el nivel básico, de lujo y otros niveles de servicio en vehículos de servicio público.

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