A trabajar en Monseñor Baracaldo por orden judicial

Marzo 24, 2022

A trabajar en Monseñor Baracaldo por orden judicial

Foto: Boyacá le Informa

Tribunal Administrativo de Boyacá declaró que el municipio de Tunja y la Organización Popular de Vivienda Monseñor Baracaldo vulneraron derechos colectivos de los habitantes de esa urbanización.


La declaratoria se dio en el marco de la acción popular promovida por la Personería de Tunja, tendiente a proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, goce del espacio público, seguridad y salubridad públicas, acceso y prestación de los servicios públicos y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la Urbanización Monseñor Baracaldo de esta ciudad.


Los hechos que fundamentaron la acción constitucional corresponden a la falta de cesión de áreas obligatorias para el equipamiento de infraestructura pública y servicios públicos por parte del municipio de Tunja, cesión que, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, debía ser efectuada por la OPV Monseñor Baracaldo, al ser esta la urbanizadora del proyecto de vivienda de interés social allí ejecutado y que generó que los habitantes del sector no pudieran gozar de vías en condiciones adecuadas ni de acceso a parques o zonas peatonales, entre otros.


La anterior omisión, sumada a la pretermisión del municipio de Tunja de realizar las gestiones necesarias tendientes a consolidar la cesión de las respectivas áreas, llevaron al Juez de primera instancia a declarar la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda por parte de estas dos entidades y, como consecuencia de lo anterior, ordenar a la OPV Monseñor Baracaldo realizar las gestiones necesarias para la cesión obligatoria de las áreas destinadas a la conformación de zonas verdes, de protección ambiental, vías, equipamiento colectivo y espacio público en general; y ordenar al municipio de Tunja disponer los recursos en el presupuesto municipal y efectuar los estudios, diseños y obras de construcción de alcantarillado para aguas lluvias, pavimentación de las vías vehiculares y peatonales, entre otras órdenes.


Inconforme con la decisión de primera instancia el municipio de Tunja interpuso el recurso de apelación indicando que la omisión en el equipamiento de infraestructura y servicios públicos no se debía a omisión alguna por parte de la entidad territorial, sino que aquella era responsabilidad exclusiva de la OPV Monseñor Baracaldo, quien, a pesar del transcurso del tiempo, jamás honró su obligación de ceder las áreas obligatorias dispuestas en la escritura de urbanización, configurándose así una imposibilidad de intervención a cargo del municipio pues el mismo no podía invertir recursos públicos en bienes de naturaleza privada.


Conforme con lo anterior el Tribunal Administrativo de Boyacá dispuso estudiar, en segunda instancia, si de acuerdo con los planteamientos del recurso, existía imposibilidad legal por parte del municipio de Tunja en las inversión de recursos públicos para la intervención y legalización de la urbanización Monseñor Baracaldo, y determinar si era procedente condicionar la cesión obligatoria de áreas a la exoneración del impuesto predial por parte de la administración municipal a favor de la urbanización, tal y como fue ventilado en el proceso.


Frente a tales interrogantes la Sala de Decisión consideró que tanto el municipio de Tunja como la OPV Monseñor Baracaldo vulneraron los derechos colectivos objeto de amparo, ya que esta última omitió su deber legal de realizar la cesión obligatoria de las áreas destinadas a uso y disfrute de la comunidad, por lo que tal cesión no podía estar condicionada a la exigencia planteada frente a la exoneración del pago del impuesto predial, determinando así mismo que, si bien existe una prohibición a las entidades territoriales en la inversión de recursos públicos en los inmuebles de propiedad privada, ello no obsta para que el municipio de Tunja hubiere adelantado las actuaciones necesarias y suficientes para lograr que la OPV llevara a cabo la cesión obligatoria correspondiente.


Por lo anterior, la Corporación Judicial decidió confirmar las declaraciones y condenas previstas en la sentencia de primera instancia.


Hechos

Luis Henry Carreño Leal, en calidad de Personero municipal de Tunja, instauró acción popular en contra del Municipio de Tunja y la Organización Popular de Vivienda Monseñor Baracaldo, invocando la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, goce del espacio público, seguridad y salubridad pública, acceso y prestación de los servicios públicos y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes residentes de la Urbanización Monseñor Baracaldo.


Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al municipio de Tunja adelantar las gestiones administrativas pertinentes para lograr la exclusión del pago del impuesto predial a la urbanización Monseñor Baracaldo desde el 2008 hasta la fecha con el objeto de realizar la legalización de los predios.


Asimismo, pidió que la entidad territorial adelante las obras necesarias para la construcción del alcantarillado, realice la pavimentación de las vías vehiculares y lo pertinente a las vías peatonales de la Urbanización Monseñor Baracaldo que comprende las vías carrera 7 Este, carrera 8 Este, carrera 8 A Este, entre calle 29A, hasta la zona verde que colinda con el área de cárcava al norte, y se realice la demarcación horizontal y señalización vial vertical de conformidad con las normas de tránsito, en especial, intervengan los ingresos mediante la construcción y/o instalación de bolardos que impidan de manera permanente el ingreso de vehículos automotores de alto cilindraje en las vías peatonales de la Urbanización Monseñor Baracaldo y se dote de mobiliario la zona verde de la urbanización.


Finalmente, solicitó ordenar al representante legal de la Urbanización Monseñor Baracaldo realizar los trámites ante la Secretaría de Hacienda Municipal para reconocer la exclusión del pago del impuesto predial, una vez se expida el acto administrativo por parte del Ente territorial de exclusión de pago del impuesto predial y realizar las gestiones para hacer la entrega de las áreas de cesión obligatoria al municipio.


Para efectos de lo anterior, el accionante relató cómo HECHOS RELEVANTES, los siguientes:


-El Monseñor Baracaldo donó a la OPV un lote de terreno ubicado en el barrio el Dorado del municipio de Tunja con el objeto de construir un programa de vivienda de interés social.


-La Curaduría Urbana No. 1 de Tunja expidió la Licencia de Urbanismo No. 144 y la licencia de construcción No. 156 para la urbanización Monseñor Baracaldo integradas por las manzanas A, B, C, D y E.


-Mediante escritura pública No. 1744 de 2007 se constituyó la urbanización Monseñor Baracaldo en la que quedaron establecidas las áreas a ceder tanto en zonas verdes como de vías peatonales y vehiculares.


-El Instituto de Vivienda de Interés Social y Ecovivienda celebraron convenio de Asociación No. 001-2007 cuyo objeto fue la construcción de 33 soluciones de vivienda de interés social en la Urbanización Monseñor Baracaldo segunda etapa. El municipio aportó $148.500.000, recursos que fueron girados a Fiduagraria.


-El Departamento de Boyacá, el Municipio de Tunja y el Instituto de Vivienda y Ecovivienda suscribieron Convenio Interadministrativo No. 183 de 2009 con el objeto de construir 33 viviendas de interés social, urbanización Monseñor Baracaldo, segunda etapa. La entidad ejecutora del proyecto fue la OPV Monseñor Baracaldo mediante el sistema de autoconstrucción y, para ello, el Departamento asignó subsidios a 33 núcleos familiares beneficiarios por la suma de $231.000.000.


-La Comunidad del barrio Monseñor Baracaldo ha adelantado gestiones ante Veolia Aguas de Tunja S.A. ESP para la instalación del alcantarillado para el manejo de aguas lluvias debido a los problemas de inundación y el desplazamiento del recebo de las calles hacia el barrio el Dorado. Frente a ello, la empresa respondió que el manejo de las lluvias se debe realizar a través de tuberías o de manera superficial mediante la pavimentación de las vías, obras que están a cargo del municipio de Tunja. Por tal razón, la comunidad del barrio solicitó a la administración municipal incluir a la urbanización dentro de las obras de los planes asociativos y de presupuestos participativos para el arreglo de la malla vial, frente a lo cual se les respondió por parte de la Secretaría de Infraestructura que las vías debían ser cedidas a favor del municipio de Tunja para poder realizar las obras de pavimentación.


-El municipio de Tunja fue omisivo en la exigencia del cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los titulares de la licencia de urbanismo. A la OPV Monseñor Baracaldo le correspondía realizar y formalizar la cesión de las áreas obligatorias para su incorporación dentro del inventario vial y espacio público del municipio, no obstante, quien para entonces fungía como representante legal desapareció, lo cual conllevó a que en muchas situaciones el Convenio Interadministrativo fuera liquidado de manera unilateral por el Departamento de Boyacá por el presunto mal manejo de recursos y la imposibilidad de continuar realizando giros.


-Por tal razón, la comunidad constituyó una Asamblea de Asociados de la OPV Monseñor Baracaldo en liquidación en la cual se nombró nueva Junta Directiva y nuevo representante legal. De conformidad con información suministrada por la Cámara de Comercio, la OPV se encontraba disuelta por vencimiento de término de duración, cuya vigencia fue hasta el 17 de diciembre de 2013.


-Del mismo modo, la comunidad ha solicitado adelantar controles e instalar señales de tránsito en el barrio sin lograr actuación alguna por parte de la administración municipal, pues únicamente ha sido informada por parte de la Secretaría de Tránsito que se requiere contar con una certificación emitida por la oficina del asesor de planeación municipal en donde se indique que la vía se encuentra clasificada como vía peatonal dentro del proyecto urbanístico y del POT del municipio de Tunja.


-Ante la omisión del representante legal de la OPV Monseñor Baracaldo, la comunidad del barrio se ha visto afectada por no poseer zona de parques, ya que no realizó la entrega de las áreas de cesión obligatoria, ni el municipio las hizo exigibles. La Oficina Asesora de Planeación certificó que no existen escrituras de cesión de las zonas verdes, vías vehiculares y peatonales como se evidencia en el contenido de la constitución de la OPV.


-La Personería de Tunja ha adelantado un seguimiento con la administración municipal a fin de encontrar una solución para la comunidad del barrio, no obstante, pese a las solicitudes y reuniones es poco lo que se ha logrado. Dentro de las actuaciones adelantadas se tiene la solicitud de estudio de títulos de la Secretaría Jurídica municipal, la petición para realizar inventarios físicos con soporte técnico de vías, zonas verdes, y demás áreas de uso público de la urbanización, de lo cual se recibió levantamiento topográfico y cuadro de áreas, pero no el informe requerido.


-En la última reunión adelantada en la Personería de Tunja en el mes de mayo de 2018, se acordó que se requeriría a las Secretarías Jurídica y de Hacienda y a la Oficina Asesora de Planeación para que emitieran concepto sobre la procedibilidad de declarar las áreas consignadas en los planos topográficos como de interés social, utilidad pública o la posibilidad de realizar la aprehensión de las áreas referidas, frente a lo cual la Secretaría Jurídica municipal señaló que corresponde a la Oficina Asesora de Planeación en asocio con la Secretaría Administrativa adelantar los procedimientos de legalización según corresponda, o en caso de ser procedente, la Secretaría de Hacienda Municipal emita concepto sobre el tratamiento que se le debe dar en relación a los impuestos referidos en dichas áreas. Igualmente, solicitó a la Secretaría Jurídica municipal la ampliación de los estudios de títulos para la cesión de vías y zonas comunes de la citada urbanización.


-La Oficina Asesora de Planeación señaló que, frente a la posibilidad de realizar la aprehensión de las áreas objeto de la solicitud, dicho procedimiento no se encuentra establecido y reglamentado por la Alcaldía de Tunja, por tanto, no hay dependencia que lo desarrolle. Dicha respuesta no es de recibo toda vez que no abordó el análisis de la situación que se presenta en la comunidad, tampoco valoró que la urbanización en su momento contó con una licencia de urbanismo y construcción en la cual el curador consignó las áreas de cesión obligatorias que deberían ser entregadas al municipio de Tunja, aunado a ello, no dan salida jurídica que permita dar celeridad a que las áreas que ya existen físicamente ingresen al inventario municipal.


-Los titulares de la licencia tenían la obligación de hacer la entrega real de las áreas obligatorias y el municipio debía agotar todas las medidas y facultades otorgadas por la ley a fin de conminar al urbanizador de dicha entrega.


-Finalmente, la comunidad del barrio se ha visto perjudicada con la falta de interés de la administración municipal en adelantar cualquier proceso administrativo, esto es, exclusión de pago de impuesto predial, declaración de utilidad pública de los bienes inmuebles o proceso de aprehensión para brindar una solución, desconociendo el interés general de la comunidad.




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