Alertas de la Contraloría dieron fruto
Julio 17, 2020
Foto: Periódico La Guajira
Tras la alerta de la Contraloría General, se reactivaron 35 obras de infraestructura en el país. Con el acompañamiento de la entidad, se dice que hay un avance físico del 71% en la construcción de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, por ejemplo.
Este es uno de los resultados más sobresalientes de la gestión de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría que tiene georeferenciados los proyectos paralizados, para que la Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales busquen la manera de salvar los proyectos que tienen esta posibilidad, a través del Programa “Compromiso Colombia”.
En cuanto a la ejecución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hay un avance del 9% en el proyecto Unidad Funcional corredor férreo Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguana. En todo el país, la Contraloría ha identificado 1.300 elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por $20 billones.
Los resultados de seguimiento a contratación durante la emergencia, hasta la fecha, indican que la Contraloría ha emitido 396 alertas sobre presuntos sobrecostos por $39.448 millones, en contratos cuyo monto total es de $506.000 millones. Por otra parte, el Instituto del Desarrollo del Meta y el Consorcio Vías del Llano encabezan el Top 10 de contratistas que concentran en las regiones los recursos del Sistema General de Regalías.
Además, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría, destaca el Contralor Carlos Felipe Córdoba. La Contraloría encontró 185 proyectos aprobados y no contratados, que comprometen recursos del Sistema General de Regalías y van dirigidos a atención del COVID. Su valor supera los $821 mil millones de pesos.
Las alertas de la DIARI llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80.233 millones. De la misma manera los posibles sobrecostos se redujeron a $7.947 millones y hasta el 13 de julio, se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones.