Amparo de pobreza interpuesto por la una Procuradora

Octubre 28, 2021

Amparo de pobreza interpuesto por la una Procuradora

Foto: Kelia Álvarez

El amparo de pobreza es procedente en favor de personas jurídicas de derecho público y derecho privado, siempre que se demuestre su grave situación financiera.


Mediante auto que resolvió, entre otros aspectos, el amparo de pobreza solicitado por la Procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental de Tunja dentro del trámite de una acción popular en la que la entidad solicitante fungió como actora popular, el Tribunal Administrativo de Boyacá aclaró el alcance de la figura procesal, dando aplicación a los criterios jurisprudenciales emitidos por el honorable Consejo de Estado.


La solicitante alegó en su pedimento que la Procuraduría General de la Nación no cuenta con rubros presupuestales para el pago de publicaciones y experticias que son necesarias en el desarrollo del medio de control de intereses colectivos, razón por la cual tuvo que acudir a su propio salario para cubrir los emolumentos que hasta el momento se habían generado dentro del trámite procesal.


Frente a tal solicitud, la Corporación Judicial inició precisando el propósito de la figura del amparo de pobreza para lo cual reconoció que el mismo corresponde a un beneficio legal que tiene por finalidad garantizar el acceso a la administración de justicia, respecto de aquellos sujetos que, dada su incapacidad para asumir los costos del proceso, se encuentran eximidos de asumir las cargas económicas atribuibles a su condición de partes.


Así las cosas, reiterando las reglas jurisprudenciales emitidas por el máximo órgano de lo contencioso administrativo, el Tribunal indicó que, en virtud del reconocimiento constitucional de derechos fundamentales de que gozan las personas jurídicas, este beneficio también se extiende a aquellas en la medida que también son titulares de los derechos al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.


En tal orden de ideas, en el caso específico la Corporación consideró que, habida cuenta que la parte solicitante no demostró la grave situación financiera que impidiera a la entidad atender los gastos del proceso, no era procedente acceder a la solicitud de amparo de pobreza.


Frente al argumento que señaló la falta de rubros presupuestales de la entidad para atender los gastos del proceso, el fallador entendió que el mismo no era suficiente para demostrar la grave situación financiera de aquélla, sino que, por el contrario, tal situación era muestra de su inadecuada planeación y gestión presupuestal.


A través de memorial radicado el 9 de agosto de 2021, la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental Tunja, quien funge como actora popular en el presente proceso, solicitó que se decrete a favor de la entidad un amparo de pobreza “con el objeto de que los gastos y emolumentos que se generen con cargo a la Procuraduría General de la Nación sean asumidos por el FONDO PARA LA DEFENSA DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS según el artículo 70 de la Ley 472 de 1998”.


Para sustentar esta petición, adujo que la interposición de la demanda que dio origen a este proceso se derivó de las funciones del ente de control, en concordancia con la legitimación que prevé el artículo 12 de la Ley 472 de 1998.


Finalmente, indicó que propendió porque todas las pruebas solicitadas fueran aportadas por funcionarios de autoridades públicas e hizo alusión al Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos.


Al respecto, el despacho considera que esta petición es improcedente, ya que no atiende los requisitos ni la naturaleza de la figura.


En primer lugar, debe aclararse que la presente acción popular es ejercida, no en calidad personal, sino como Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental Tunja, esto es, como agente de la entidad a la que se encuentra vinculada laboralmente. Entonces, la parte demandante no es ella en términos personales, sino el ente de control.


A partir de esa premisa, mal podría afirmarse que, debido a que la entidad no le suministra a la funcionaria los dineros necesarios para atender los gastos del proceso, deba considerarse procedente el amparo de pobreza (como si fuera a recaer directa y personalmente sobre ella), con el fin de que no destine al litigio dineros de su sueldo.


En efecto, las personas jurídicas no están exentas de encontrarse en extremas dificultades financieras que no les permitan atender cargas procesales económicas previstas en la ley, en particular las relativas a la protección de las acreencias determinadas en el artículo 140 del C.C.A. que contempla la obligación de garantizarlas y de lo cual no puede hacer.


El despacho considera que este precedente es aplicable al presente caso, aunque esté dirigido principalmente a las personas jurídicas de derecho privado. En este sentido, para que proceda el amparo de pobreza, es indispensable que la entidad pública acredite que se encuentra en una situación de extrema necesidad económica que le impide atender los gastos del proceso, so pena de poner en riesgo su sostenibilidad financiera.


Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que el hecho relativo a que la procuradora haya sufragado de su peculio los gastos de una publicación no satisface los anteriores requisitos.


Por lo tanto, se negará la petición bajo estudio.




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