Así se resolvió el caso del patrullero que bajo los efectos de alcohol causó un accidente

Junio 2, 2021

Así se resolvió el caso del patrullero que bajo los efectos de alcohol causó un accidente

Foto: Boyacá Sie7e Días

Únicamente son faltas disciplinarias aquellas conductas de los servidores públicos que tengan la capacidad de afectar la función pública de una manera real, concreta, particular y sustancial.


Encontrándose en situación administrativa de franquicia, previo haber ingerido bebidas embriagantes, un patrullero de la Policía Nacional se vio involucrado en un accidente de tránsito al colisionar su vehículo en una residencia, ocasionándole daños materiales. Por ese hecho le adelantaron proceso disciplinario y se le impuso una sanción por incursión en la falta grave prevista en el artículo 35, numeral 18 de la Ley 1015 de 2006.


En sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá sostuvo que la actuación u omisión del servidor público violatoria de sus deberes, esto es, contraria a derecho, debía desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público. En esa medida podía decirse, pese a que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos características confluyen se está en presencia de una «antijuridicidad sustancial», requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada.


Según el cuerpo colegiado judicial aquella figura, permitía establecer las pautas de interpretación del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y, por ende, servía para entender en qué casos una conducta desplegada por un servidor público podía ser objeto de sanción disciplinaria y en cuales no, al circunscribirla a aquellas infracciones al deber funcional que tuvieran cierta entidad o sustancialidad o que afectaran de manera relevante la función pública.


Lo anterior, permitía dejar de lado aquellos comportamientos que, aun cuando encajaran dentro del tipo disciplinario, no tenían una trascendencia tal en relación con la buena marcha de la función pública, el cumplimiento de los fines y funciones del Estado y el interés general, aspectos que eran precisamente el propósito que perseguían las normas disciplinarias.


En efecto, en este evento, para establecer la conducta imputada al actor, el operador disciplinario se remitió al contenido en el artículo 152 de la Ley 769 de 2002 (CNT), en virtud del cual, si el conductor se encontrare en uno de los grados de alcoholemia allí previstos, incurrirá en la sanción correspondiente.


En este punto, mencionó el Tribunal que la Corte Constitucional en sentencia C- 819 de 2006, se pronunció sobre el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, declarando su constitucionalidad parcial, en el entendido que la conducta (contravención) realizada por el servidor público perteneciente a la Policía Nacional en las actuaciones administrativas enunciadas en dicho precepto (Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización) debía afectar los fines de la actividad policial.


Lo precedente, toda vez no estaba en discusión que los miembros de la Policía que se encontraran en las mencionadas situaciones administrativas no perdían su condición de servidores públicos de la institución en servicio activo, y por consiguiente tampoco su condición de garantes de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos y las libertades ciudadanas y para el aseguramiento de una convivencia pacífica.


Sin embargo, tal situación no implicaba que, ante una conducta tipificada como contravención desplegada por un servidor de la Policía Nacional en una de esas situaciones administrativas, fuera considerada per se, como falta disciplinaria, tal como lo advirtió la Corte Constitucional; era necesario que tuviera capacidad para afectar los fines de la actividad policial y por ende la función pública.


Aunado, explicó que el operador disciplinario tenía la obligación de determinar como elemento de la imputación, el nexo entre la conducta investigada y la infracción al deber funcional en menoscabo a la función pública, tanto en el momento de la configuración como en el de la aplicación del régimen disciplinario, pues solo de esta manera se podía hablar de antijuridicidad por ilicitud sustancial.


En otras palabras, la autoridad disciplinaria debía evaluar, para efectos de determinar si se estaba en presencia de una falta disciplinaria, si el proceder del servidor público, además de desconocer formalmente su deber, lo infringió de manera sustancial, es decir, si atentó contra el buen funcionamiento del Estado, el interés general o los principios de la función administrativa y, en consecuencia, afectó la consecución de sus fines.


En ese sentido, sostuvo el Tribunal que, en virtud de los principios de legalidad, tipicidad e ilicitud sustancial, el proceso disciplinario, como manifestación del poder represor del Estado, se exigía un razonamiento riguroso para establecer la relación directa entre las circunstancias fácticas plenamente acreditadas, el supuesto de hecho previsto en la ley como falta disciplinaria y el nexo entre estos con la infracción al deber funcional en detrimento de la función pública.


Bajo ese entendido en el caso concreto se evidenció que la entidad demandada en el momento de imponer la sanción a través de los fallos acusados no realizó pronunciamiento concreto, ni existió motivación que desarrollara cuál fue el deber funcional desconocido por el demandante y la ilicitud sustancial en la que incurrió con la conducta por la cual fue sancionado.


Señaló que era cierto que la conducta realizada por el patrullero se encuadraba en el postulado consagrado en el numeral 35 del artículo 18 de la Ley 1015 de 2006. Sin embargo, tal hecho no resultaba suficiente para endilgarle una falta disciplinaria, pues precisamente la razón de ser del régimen disciplinario era proteger el eficaz y correcto ejercicio del servicio público. En esa medida, únicamente eran faltas disciplinarias, aquellas conductas de los servidores públicos que tuvieran la capacidad de afectar la función pública de una manera real, efectiva y sustancial. De lo contario, ante la falta de uno de los elementos de la responsabilidad disciplinaria, no sería posible endilgar la falta y consecuente sanción.


Así, en criterio de la corporación judicial, la entidad demandada se limitó a expresar que el patrullero desbordó los principios que orientaban la función pública, a lo cuales se suscribía el cumplimiento de sus deberes y demás exigencias constitucionales y legales; actuación con la que se violaba de manera inminente la disciplina policial sin hacer un juicio razonable sobre la manera como la conducta analizada afectó real y sustancialmente su deber funcional.


En suma, el Tribunal encontró que la sanción demandada estaba desprovista del por qué la conducta endilgada como falta en cabeza del demandante, adquiría tal magnitud que afectara de una forma sustancial, real, concreta y particular su deber funcional para que así se constituyera el elemento de la responsabilidad disciplinaria, requisito indispensable, que se echó de menos, entendido como la antijuridicidad- ilicitud sustancial, ya que en materia disciplinaria aquella no era suficiente para demostrar y endilgarle responsabilidad disciplinaria. Esa razón justificaba la nulidad de los actos demandados por cuanto se desvirtuó la presunción de legalidad que los amparaba, con el consecuente restablecimiento de sus derechos.




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