Boyacá entre los territorios que entregaron a financiadores de campaña, contratos: Procuraduría

Julio 21, 2020

Foto: El Espectador

“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y deberían darlos por terminados mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.

La Procuraduría General de la Nación estableció que en 3 gobernaciones y 15 alcaldías entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido.

En desarrollo de la función preventiva y atendiendo a las denuncias inicialmente presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, la PGN, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia - UGII - y el Grupo de Control Electoral, adelantó acciones de analítica de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019, lo que le permitió focalizarse en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por estar actualmente inhabilitados para suscribir esos contratos.

“Una vez obtenida esta información clasificamos los aportantes/contratistas de acuerdo con la gobernación, alcaldía y sus entidades descentralizadas y nos focalizamos en los financiadores de campañas en 2019, puesto que son los que actualmente están inhabilitados para contratar en aquellas entidades territoriales”.

“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de 620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”.

La Procuraduría estableció que esos 52 contratos suman $5.831,6 millones de pesos, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.

Las 20 entidades públicas que celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados, de acuerdo con el monto, son las gobernaciones de Vichada, que suscribió uno con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones, y la de Boyacá, que lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones.

Así mismo, la administración de Piamonte, Cauca, con 4 contratos con Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por $172,3 millones; la de Pueblo Bello, Cesar, con 1 contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por $93,5 millones; la de Támesis, Antioquia, con 2 contratos con Juan Carlos Coronado Cardona (Granero La Prendería), por $63,11 millones, y la de Villa de Leiva Boyacá, con 5 contratos con Luis Jorge Castillo Poveda, por $39,3 millones.

También figuran la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, con 3 contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones; la alcaldía de Barbosa, Antioquia, un contrato con Silvia Ruth Gómez García (Catering Santa Mónica, por $24,5 millones, y la E.S.P. Domiciliarios de Carmen de Viboral, Antioquia, con 4 contratos con Bibiana Astrid García Tobón (Distribuciones Distrimax), por $20,81 millones.

La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio traslado de su informe con incidencia disciplinaria para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

A través de la Directiva No. 024 el Procurador General de la Nación alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.

La Procuraduría instó a las comisiones regionales de Moralización y a las oficinas de Control Interno a que garanticen, coordinen y promuevan acciones de prevención de riesgos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos.

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