Cada 36 horas una mujer, que ha denunciado violencia de género, es asesinada

Julio 21, 2020

Foto: Antena 3

Durante la instalación de las sesiones del Congreso, la senadora boyacense Sandra Ortiz presentó el Proyecto de Ley Integral de la Mujer. La congresista busca hacer presión en el legislativo y poder dar pronto trámite a la misma y sea una realidad y un avance para las mujeres colombianas.

La definición de violencia de género que ha sido apoyada por varias doctrinitas es el caso de Ortiz Calle, quien señaló, “la violencia de género no se limita al ámbito familiar, es una violencia estructural, basada en un sistema de creencias sexista (superioridad de un sexo sobre otro), que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico”.

Según Ortiz, el 57% por ciento de los municipios tienen un alto índice de impunidad, solo el 13% de los feminicidios llegan a una condena, 2.657 mujeres que en los últimos 10 años acudieron ante las autoridades a poner en conocimiento su caso fueron asesinadas por sus parejas, es decir cada 36 horas es asesinada en el país una mujer que previamente había denunciado maltrato u agresiones.

Ante esta situación es de recordar que la ley 1257 de 2008 en su artículo 2, define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (…)”.

“No hablamos de una Ley más, hablamos de una Ley Integral que acoge las existentes y las hace efectivas, modifica las falencias y crea nueva articulación, para llenar vacíos existentes. Se resume en prevención, capacitación y sanción, sanciones no solo para los victimarios sino para los funcionarios que no hacen su trabajo”, manifestó Ortiz.

A nivel internacional es imprescindible traer a colación la definición dada en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicada el 23 de febrero de 1994 (ONU,1993), la cual en su artículo primero estipula que la violencia contra la mujer es todo suceso de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como efecto un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las intimidaciones de tales sucesos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producidos en la vida pública como en la vida privada.

Dentro de las consideraciones que llevaron a la boyacense a presentar el proyecto está que aunque en el tema de equidad de género el trabajo ha sido arduo no ha sido posible siquiera demostrar la efectividad a través de la disminución de cifras.

Garantizar y promover el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, es una prelación, que hace que lograr el respeto, la equidad, el progreso y la paridad sea posible. La protección al derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica-moral, sexual, patrimonial y laboral, encaminan el resultado de esta ley que contempla medidas destinadas a la protección de la mujer y a la prevención de la violencia de género, como eje fundamental para la erradicación de este flagelo, se trata de medidas de aplicación inmediata de carácter protector, discrecional y sancionatorio.

Una de las razones es la falta de articulación de las instituciones y la poca capacitación y conocimiento de las personas que deben aplicar la ley hablan de un trabajo en conjunto que permita una atención integral, idónea y oportuna, en el que se faculte a los primeros respondientes para tomar medidas en favor de la seguridad de las víctimas y de sus familiares.

“La ley integral de la mujer es una necesidad, este es el momento de que se configure un trabajo en conjunto que permita una atención integral, idónea y oportuna, en el que se faculte a los primeros respondientes para tomar medidas en favor de la seguridad de las víctimas y de sus familiares, que se sustente en la dignificación de la víctima, lo que debe superar y erradicar la revictimización de la misma y en el que las cifras no mientan, ni sean diferentes para cada entidad”, explicó la boyacense.

Son múltiples los esfuerzos que, desde el Gobierno, el Congreso, las entidades estatales, organizaciones, fundaciones y grupos académicos se han venido haciendo para fortalecer las políticas de protección de la mujer desde el ámbito de la equidad, sin embargo, aunque el trabajo ha sido arduo no ha sido posible siquiera demostrar la efectividad a través de la disminución de cifras, todo los contrario ha sido una constante el aumento de los casos de violencia contra la mujer y esta es una situación que no se puede normalizar, ni dejar pasar como si no fuera algo que ameritara esfuerzos mayores.

La historia ha dado cuenta de la vida de la mujer desde una perspectiva segregada, en la que su labor era limitada al cumplimiento de los oficios del hogar, ser madre, ama de casa, lavar, planchar y por su puesto obedecer las decisiones que el hombre de la casa tomaba en el entorno familiar. Habla de entornos en los que predominaba la esencia de lo masculino y en el que el maltrato y la inequidad hacían parte de lo cotidiano.

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