Chivatá le ganó ‘el juicio’ al departamento

Mayo 26, 2021

Chivatá le ganó ‘el juicio’ al departamento

Foto: Wikipedia

El Departamento de Boyacá formuló un cargo en contra del Acuerdo No. 015 de 30 de noviembre de 2020 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias para la ejecución de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo “Chivatá Somos Todos 2020-2023”, relacionado con la carencia de los requisitos legales de las vigencias futuras ordinarias.


El Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de analizar el marco jurídico y jurisprudencial, consideró que contrario a lo señalado en el concepto de violación, el análisis de la figura presupuestal prevista en el acuerdo objeto de estudio, no correspondía a la indicada.


Ciertamente, refirió la corporación judicial que uno de los requisitos previstos para la aprobación de vigencias futuras ordinarias tenía que ver con que la respectiva entidad territorial debía contar con una apropiación presupuestal del 15% como mínimo, de tal manera que se debía afectar el presupuesto de la vigencia futura para finiquitar la ejecución del contrato. Empero, en este caso se presentaba el escenario fijado en el artículo 12 citado, pues para la vigencia fiscal 2020, el municipio de Chivatá contaba con el 100% de disponibilidad presupuestal para la ejecución de los diferentes proyectos allí señalados, aseveración que tenían sustento en los certificados de disponibilidad presupuestal que fueron expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal.


Aunado a lo anterior, en la parte considerativa del acuerdo objeto de análisis, la corporación edilicia precisó que la autorización de las vigencias futuras de ejecución, se solicitó por el alcalde “en razón a la necesidad de adelantar procesos de contratación con el fin de cumplir con los programas y proyectos del plan de desarrollo, respecto de los cuales se cuenta con el total de los recursos en la presente vigencia, pero cuyos servicios o bienes se recibirán en la siguiente vigencia”, lo que respaldaba la improcedencia de la figura presupuestal de las vigencias futuras ordinarias consagradas en el artículo 12 de la ley 819 de 2003.


En ese orden de ideas, precisó el Tribunal que al no ser la figura de las vigencias futuras ordinaras la aplicable a la ejecución de los diferentes proyectos de inversión consagrados en el acuerdo objetado, quedaba concluir que el cargo expuesto en el concepto de violación invocado no estaba llamado a prosperar, pues tanto lo atinente a la apropiación del 15% del presupuesto, como no haberse iniciado el proceso contractual al momento de la autorización, no correspondía a la figura presupuestal del artículo 12 de la ley 819 de 2003, sino a la prevista en su artículo 8.




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