Condenaron a la Policía

Julio 10, 2021

Condenaron a la Policía

Foto: Spuntik

Se condena a la Policía Nacional a pagar perjuicios, por imponer un comparendo a un conductor por manejar bajo el influjo del alcohol, tiempo después del accidente en que se vio involucrado, sin estar en marcha el vehículo y en un lugar diferente.


El demandante se vio involucrado en un accidente de tránsito cuando chocó su vehículo con un poste ubicado al frente de una residencia ocasionando solo daños materiales, sin que se hubieran presentado muertos ni lesionados.


Minutos después, se dirigió a una tienda cercana donde al frente dejó parqueado su vehículo; allí ingresó a departir con otras personas e ingirió bebidas alcohólicas. Posteriormente, llegó al establecimiento de comercio un patrullero de tránsito, quien cuestionó al actor sobre el accidente, requiriéndolo para que se realizará la prueba de embriaguez. 


Este último se negó manifestando que había ingerido alcohol y era lógico que saliera positiva. Quedó establecido, además, que no se encontraba conduciendo su vehículo. Sin embargo, le fue impuesta la orden de comparendo, en el cual se registró la siguiente falta: “Conducir bajo el influjo del alcohol Ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, no se dejó practicar la prueba de embriaguez, hay video”.


Para el Tribunal Administrativo de Boyacá las faltas atribuidas al actor, consistentes en conducir en estado de embriaguez y en negarse a la realización de las pruebas físicas o clínicas requeridas por la autoridad policial, las cuales dieron lugar a la retención de su licencia de conducción y posterior inmovilización de su vehículo, no se acompasaron con la realidad, pues no se probó que el accidente hubiera ocurrido cuando estaba manejando y estuviera bajo los efectos del alcohol, es decir no se acreditó la conducta descrita en la norma para atribuirle el resultado y las sanciones allí previstas.


Pues bien, se demostró que el patrullero de la Policía Nacional que atendió el caso no se encontraba presente en el lugar, ni en el momento en que ocurrió el accidente, circunstancia que hacía imposible establecer que el demandante justo en ese momento se encontraba conduciendo bajo el influjo del alcohol, razón por la cual no le era dable imponer un comparendo ni inmovilizar su vehículo en un lugar diferente al del accidente y menos aún invocar como fundamento normativo la mencionada infracción de tránsito y no permitir la realización de la prueba de embriaguez.


Sostuvo la corporación judicial que las normas de tránsito consagran diferentes tipos de sanciones para las personas que se encuentren conduciendo bajo el influjo del alcohol como son la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, multa de acuerdo con el grado de alcoholemia e inmovilización del vehículo. Empero, estas sanciones deben estar precedidas del procedimiento consagrado en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito. Este, ante la comisión de una infracción de tránsito, debe realizarse en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos y en ese momento.


Lo anterior, porque la norma citada es clara al señalar que, la autoridad ordenará detener la marcha del vehículo, lo que claramente indica que para imponer una orden de comparendo el vehículo debe encontrarse en marcha. Así, por ejemplo, por estar conduciendo bajo el influjo de bebidas alcohólicas, es indispensable que el agente de tránsito se encuentre en el lugar y presencié la comisión de la infracción, pues sólo de ese modo se podrá decir por su parte, que el conductor se encontraba alcoholizado mientras conducía; contrario a lo que ocurrió en el presente caso, en el que el comparendo, la retención de la licencia de conducción e inmovilización del vehículo se realizó en un lugar diferente al de los hechos y luego de transcurrir un tiempo.


La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 20 de septiembre de 2016 por el señor Carranza Ruiz, quien, a través de su apoderado, solicitó que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Instituto de Transito de Boyacá – ITBOY, por los perjuicios causados por la inmovilización de un vehículo debido a la imposición de comparendo impuesto el 4 de junio de 2014 por manejar en estado de embriaguez.


Previamente a la interposición del medio de control y con el fin de agotar el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, la parte actora presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial Delegada ante los Juzgados Administrativos de Tunja el 18 de febrero de 2016. No obstante, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se declaró fallida esta etapa y se expidió la respectiva constancia el 7 de junio de 2016.


El contenido de las pretensiones es el siguiente:


“PRIMERA. - Declarar que la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Instituto de Tránsito de Boyacá – ITBOY-, son solidariamente responsables por los daños antijuridicos y perjuicios ocasionados a mi poderdante, imputables por la acción y omisión irregular de sus agentes, como se expresará más adelante en el cuerpo del escrito.


SEGUNDA. - Como consecuencia de la anterior declaración, las citadas entidades públicas pagarán solidariamente y por partes iguales a favor de mi poderdante, en su condición de víctima y perjudicado directo, a título de indemnización, el monto de los perjuicios materiales y morales causados por el obrar inadecuado de sus agentes. Si es el caso, en la decisión se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de las entidades demandadas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.


TERCERA. - La respectiva condena será actualizada aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor (IPC) desde la fecha en que comenzaron los hechos antijuridicos hasta el día de ejecutoria del fallo definitivo, igualmente se tendrá en cuenta intereses de mora en el evento en que el respectivo obligado no hiciere pago oportuno, aplicando al respecto lo ordenado en el artículo 1653 del C.C.”.


Síntesis de los hechos


El 4 de junio de 2014 el señor Carranza Ruiz se desplazaba en compañía del señor Víctor Heredia en una camioneta Toyota de su propiedad hacia la Vereda del Páramo del Municipio de Sutamarchán – Boyacá-, con el propósito de conseguir trabajadores para trabajar en una finca donde tenía varios cultivos.


Encontrándose de regreso, por la carrera 7ª y aproximándose a la avenida variante o calle 14 del municipio de Guateque, en la vía se atravesó un perro que dio lugar a que el señor Salvador Carranza Ruiz se viera obligado a maniobrar a la derecha el vehículo, con la mala fortuna de haber alcanzado a golpear con el bómper derecho un poste de cemento de gran tamaño que sirve de soporte para las redes eléctricas del municipio, ubicado al frente de la carrera 7 No. 14-19.


Al observar que solamente su vehículo resultó con daños el demandante continuó su marcha para luego estacionarse en una tienda ubicada en la carrera 8 No. 124-105, con el fin de departir con algunos amigos. Aproximadamente dos horas después de haber ingresado a dicho lugar, llegaron unos policías y al preguntar por el accidente de tránsito ocurrido horas atrás, el señor Carranza Ruiz aceptó su responsabilidad.


La Policía lo requirió para que lo acompañara al Hospital con el fin de tomarle el examen de alcoholemia, pero el demandante se negó a que se le realzara dicho procedimiento, por considerar que la prueba saldría positiva, debido a que ya había consumido bebidas embriagantes. 


Además, teniendo en cuenta la insistencia y presencia de numerosos agentes acompañados de la personera municipal encargada, el demandante entregó voluntariamente las llaves del vehículo, así como toda la documentación.


La autoridad policial impuso al demandante el comparendo “por manejar en estado de embriaguez” -sin que se le entregara una copia-, retuvo forma arbitraria los documentos e inmovilizó el vehículo.


Al revisar el contenido del informe, el actor advirtió que lo consignado no correspondía con la realidad, pues se le atribuyó conducir su vehículo en estado de embriaguez cuando no se encontraba manejando y el automotor estaba parqueado, no había licor, ni personas dentro del automotor, el motor estaba apagado y no había heridos como resultado del accidente; sin embargo, la autoridad policial advirtió sobre la comisión de la infracción, contenida en la Ley 1696 de 2013.


El demandante también alegó la existencia de diversas irregularidades que se presentaron durante el proceso administrativo contravencional, tales como el hecho de que el agente que acudió al lugar de los hechos no levantó el croquis del accidente, no tomó fotografías ni recaudó testimonios; el procedimiento de imposición del comparendo se efectuó en un lugar distinto al choque con el poste, cuando el vehículo estaba parqueado y no obstante se atribuyó una falta que el actor no cometió, como era conducir embriagado, según el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013. También se le atribuyó la falta de no dejar practicarse las pruebas físicas y clínicas requeridas por la autoridad policial.


De igual forma, el actor reprochó el hecho de haberse dado apertura a la investigación administrativa contravencional sin adelantar la averiguación preliminar para mejor proveer, entre otras irregularidades que alegó en relación con las pruebas y la no resolución pronta respecto de sus solicitudes de devolución de la licencia de conducción y terminación del proceso.


Señaló que el citado vehículo fue indebidamente inmovilizado por la Policía de Tránsito de Boyacá por más de 1 mes y por una infracción que no se cometió, sumado a que se desconoció el debido proceso, en tanto su licencia de conducción fue retenida con orden de cancelación y prohibición de conducir vehículos automotores por 25 años, además por la cuantiosa multa impuesta no tuvo más opción que vender el mencionado automotor para poder pagar las matrículas universitarias de sus hijos, entre otras obligaciones.


La parte actora alegó que la actuación de las demandadas ocasionó perjuicios de orden moral y material. Puso de presente que su profesión era abogado y que además se dedicaba a actividades agrícolas, razón por la cual, para facilitar dichas labores y dadas las condiciones de las vías decidió adquirir un vehículo tipo camioneta que le permitía desplazarse y transportar insumos como fungicidas, insecticidas, fertilizantes, herramientas y semillas entre otras.


Finalmente, el actor alegó que, al quedar desprovisto de su vehículo, sin poder disponer en forma constante y oportuna del mismo, así como de su licencia de conducción, no pudo atender el proyecto agrícola que había emprendido para la época, lo que conllevó a la perdida casi total de su cultivo de lulo para el cual tenía destinada una finca. También se vio obligado a incurrir en gastos personales que no tenía presupuestado y a adquirir un crédito por la suma de $30.000.000.




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