Cuítiva deberá reintegrar a beneficiarios de proyecto de vivienda

Julio 21, 2020

Foto: Alcaldía de Cuítiva

Por irregularidades en el proceso de adjudicación de subsidios de vivienda de interés social en el Municipio de Cuítiva en el año 2011, algunos de sus beneficiarios deberán reintegrarlos.

Esta decisión fue tomada en fallo de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en una acción popular, luego de amparar los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, vulnerados por el Municipio de Cuítiva por el procedimiento irregular en la convocatoria y otorgamiento de los subsidios de vivienda de interés social en el año 2011.

Al respectó rememoró la corporación que el proceso para asignar los subsidios de vivienda comenzó con la autorización que el Concejo Municipal de Cuítiva dispuso para que el Alcalde tramitara empréstito para el proyecto de inversión social, por medio del Acuerdo Municipal No. 005 de 23 de febrero de 2009.

Coincidencialmente, ese mismo año, el 8 de octubre de 2009, 21 personas adquirieron de otra, los derechos y acciones sobre un predio en el Municipio de Cuítiva. Dos meses después, los mismos adquirentes donaron sus derechos y acciones a la mencionada entidad territorial.

El 2 de mayo de 2011, el alcalde del Municipio de Cuítiva expidió el Decreto No. 020, donde estableció el cronograma del proceso de convocatoria y los requisitos para acceder al beneficio del programa de vivienda de interés social en la Urbanización Bochica, estableciéndose por el Tribunal que hasta este punto, la convocatoria cumplió con las prescripciones del Decreto 2190 de 2009 vigente para ese momento, en tanto se encontraba dirigido a población vulnerable; personas que en efecto ameritaban ser destinatarios del beneficio, con el fin de garantizarles una vivienda digna. Sin embargo, la irregularidad en el proceso de adjudicación se advirtió desde el mismo momento en que éste fue publicitado.

Pues bien, de lo manifestado en la contestación de la demanda y del análisis de las pruebas consideró el Tribunal lo siguiente:

Todos los actos administrativos proferidos a lo largo del proceso de adjudicación de subsidios de vivienda de interés social no surtieron la publicidad legalmente requerida, puesto que únicamente se anunciaron en la cartelera del despacho de la Alcaldía del Municipio, donde solamente las personas que ingresaran allí podían conocer la información.

Ahora, no fue claro si para la época en que se efectuó la convocatoria la entidad territorial contaba con página web. No obstante, si bien comúnmente se utilizaba el perifoneo como medio para informar a la comunidad sobre las actuaciones que adelantaba la administración municipal, para el caso específico no se usó. Tampoco se utilizó una emisora para el efecto.

Según la cronología de los hechos, el Concejo Municipal aprobó el empréstito para el proyecto (febrero de 2009), 8 meses después, 21 ciudadanos que no hacían parte de una misma familia se unieron para adquirir derechos y acciones sobre un lote (octubre de 2009); dos meses más tarde lo donaron a la administración (diciembre de 2009) y un año y cinco meses más tarde (mayo de 2011) se abrió la convocatoria para subsidio de vivienda de interés social en la Urbanización Bochica que se construiría en ese lote. Lo anterior llevó a concluir que estas personas obtuvieron pleno conocimiento del proyecto y, frente al resto de la comunidad, tuvieron una ventaja estratégica injustificada al momento de acceder a la oportunidad de postularse para el subsidio, la cual fructificó, al punto que, de estas 21 personas, 13 fueron directamente incluidas en el listado de 20 beneficiarios, lo cual denotó la clara intención de la administración municipal de favorecerlos.

Llamo la atención del Tribunal además, el hecho que personas de escasos recursos, como resultaron ser estas personas, según su postulación, se encontraran en capacidad de adquirir inmuebles para simplemente después donarlos “sin ánimo de lucro”, como ocurrió en este caso. Esto indicaba que se trató de actuaciones concertadas entre el entonces Alcalde, su Secretaria de Hacienda, y los donantes, que finalmente fueron de los pocos postulantes y por supuesto, beneficiarios del subsidio.

Entre el 13 y el 17 de junio de 2011 se fijó en la “cartelera municipal” un listado de 50 personas, presuntos postulantes a acceder al subsidio de vivienda, en el que, por supuesto figuraban los 20 futuros beneficiarios; pero de las 30 personas adicionales, a pesar que figuraban sus nombres y números de cédula, no se tenía ningún otro dato o documento que permitiera afirmar que en efecto conocieron de la convocatoria y que se presentaron a ésta.

En efecto, el 25 de noviembre de 2011, se publicó el listado de los beneficiarios junto con el formato de calificación de requisitos de los postulantes, pero únicamente de los 20 beneficiarios, de manera que no se tuvo conocimiento de los motivos de exclusión de los 30 restantes, ni mucho menos del puntaje que obtuvieron en la convocatoria.

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