Declaran inválido Acuerdo que autorizó al alcalde de Tibaná para celebrar compromisos que afectaran vigencias futuras

Septiembre 30, 2020

Foto: Alcaldía de Tibaná

Declaran inválido el Acuerdo No. 034 de 2019 que autorizó al Alcalde de Tibaná de ese año, para celebrar compromisos que afectaran vigencias futuras excepcionales y lo ordenan investigar disciplinaria, fiscal y penalmente, junto con los concejales de esa época.


La decisión anterior fue tomada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en razón a que con el Acuerdo No. 034 del 19 de diciembre de 2019, se desconoció la normatividad atinente a las vigencias futuras por las razones que se a continuación se exponen.


En primer lugar, la autorización dada por el Concejo de Tibaná no trató de las vigencias futuras excepcionales reguladas por la Ley 1483 de 2011 sino de las ordinarias previstas en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Ello porque aquellas aplican para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceden y además deben cumplir otras exigencias, tales como las enlistadas en la citada norma que las regula.


Y en el caso concreto, en el acuerdo censurado se dispuso: "Autorizar vigencias futuras excepcionales con recursos de la presente vigencia y cuya ejecución del contrato llega hasta la vigencia 2019, por la suma de (…)". Es decir, se trató de vigencias futuras excepcionales con recursos de la vigencia 2019, cuyos contratos se ejecutaban en ese año; previsión que contradecía lo establecido para este tipo de vigencias.


Tal circunstancia permitió a la corporación judicial predicar la transgresión a la normativa atinente a las vigencias futuras acorde con lo consagrado en el artículo 1 del Decreto 4836 de 2011, en cuanto prevé que para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.


De modo que, al abrigo de dicho precepto, era necesaria la autorización del CONFIS para comprometer vigencias futuras si se iba a iniciar un proceso de selección de contratistas con miras a garantizar un compromiso presupuestal y si la ejecución del proyecto contratado sobrepasaba la anualidad de la vigencia fiscal. De lo contrario, es decir, que el contrato ya se encontrara suscrito, no se hacía necesario atender dicho requerimiento, pues si este ya existía, forzoso era concluir que debían existir las apropiaciones presupuestales del caso, sin necesidad de afectar el presupuesto en las vigencias siguientes para garantizar el cumplimiento de ese tipo de obligaciones a no ser que se requiriera para su ejecución. Por tanto, si en este caso, ya se habían celebrados los contratos respectivos a los proyectos a financiar al momento de expedir la autorización de vigencias futuras excepcionales el 19 de diciembre de 2019 cuya ejecución iba solo a ese año, no había duda que se quebrantó la normatividad que regulaba su procedencia.


De igual forma que, en materia contractual, la Ley 80 de 1993, en su artículo 41, disponía que para la ejecución de un contrato era necesaria, entre otros, la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se tratara de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto 71 del Decreto 111 de 1996. Por consiguiente, si en este caso los contratos ya habían sido suscritos a la vigencia fiscal 2019 y se ejecutaban a ese año, forzaba concluir que ya contaban con aquellas y no era procedente la afectación de vigencias futuras para su financiación como lo autorizó el acto administrativo censurado.


Ahora, el Tribunal tampoco pasó por alto la exposición de motivos del acuerdo acusado, en tanto que de su lectura permitiría colegir que se trataba de contratos que ya habían sido celebrados y respecto de los cuales era necesario culminar su ejecución.


Igualmente resaltó el Tribunal, que la autorización de tales vigencias de carácter excepcional ignoró la prohibición atinente a su aprobación en el último año de gobierno del respectivo alcalde, que en este caso era el año 2019; prohibición que no encuadraba en la excepción legal ya mencionada para este efecto, pues recaían en proyectos de infraestructura y de los sectores de agua potable y educación.


Y aclaró que si el plazo de ejecución de los contratos se debía pactar hasta esta vigencia 2020, en consideración a la fecha de firma de los contratos como a la complejidad del objeto contractual que implicaba obra de infraestructura como su interventoría (mejoramientos de vía urbana mediante la construcción de pavimento flexible, y vías terciarias, construcción placa huella), lo que demandaba un plazo considerable cuya ejecución podía superar la vigencia 2019, no era menos aceptable entonces que el Concejo Municipal incurriera en un monumental e incorregible error al autorizar vigencias futuras excepcionales hasta 2019, por el cuantioso valor de $1.165.840.821.10 apelando a su plazo de ejecución a ese año, pues este hecho representaba uno de los límites para valorar y predicar su debida utilización.


Así pues, si el acuerdo acusado dio autorización de vigencias futuras con recursos de la vigencia 2019, para su ejecución contractual precisamente partiendo del supuesto que los compromisos se firmaron en ese año y que aquella iba hasta esa anualidad y contemplando un posible aplazamiento hasta la vigencia 2020, no cabía duda que se encuadraba en el supuesto normativo descrito que disponía para la autorización de vigencias futuras ordinarias a favor de las entidades territoriales que la ejecución de las obligaciones se iniciara con presupuesto de la vigencia en curso, como en este caso 2019, y que el objeto del compromiso se llevara a cabo en cada una de ellas, como lo dispuso el Concejo de Tibaná, limitándolas a ese mismo año y contemplar el año siguiente.


En conclusión, para la corporación judicial, el acto examinado, por una parte, mezcló los presupuestos normativos para las vigencias futuras excepcionales y ordinarias, y por otra, lo que hizo finalmente fue acudir a aquel tipo de vigencias para facilitar su aprobación previendo que se trataba de proyectos cofinanciados.

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