Demanda contra el departamento por unos contratos

Abril 11, 2021

Demanda contra el departamento por unos contratos

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¿Es dable reconocer la cláusula penal pecuniaria al contratista, cuando se pactó a favor de la entidad, pero esta fue la que incumplió, acudiendo a la naturaleza conmutativa y bilateral del contrato y a los principios interpretativos en la materia del CC?


Para resolver el anterior interrogante sostuvo el Tribunal Administrativo de Boyacá que la administración tiene la facultad de imponer sanciones, ya sea a los mismos funcionarios públicos o a los particulares, respetando las disposiciones legales, para la sana ejecución de los fines propios del Estado y en ejercicio de funciones administrativas. Que, en materia contractual, tales sanciones tienen naturaleza correctiva, pues pretenden instar al obligado a cumplir los compromisos adquiridos. Y dentro de dicha potestad sancionatoria se encontraba la de imponer multas y cláusula penal pecuniaria, así como declarar la caducidad del contrato por grave incumplimiento.


Rememoró que el artículo 1592 del Código Civil definió la cláusula penal pecuniaria como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Que también ha dicho la jurisprudencia, que constituye, en principio, una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato; es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones por parte del contratista. Y según la doctrina, igualmente se estipula con la intención de indemnizar al acreedor el daño que le ocasiona la falta de cumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación principal.


FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ mediante apoderado judicial instauró demanda dentro del medio de control contractual contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ para que se declaren terminados los siguientes contratos estatales de interventoría suscritos entre ellos a saber:


- Contrato No. 001937 del 6 de julio de 2011

- Contrato de interventoría No. SMC-074-2012


Como consecuencia de lo anterior, condenar al ente demandado a i) liquidar judicialmente los contratos, ii) pagar el valor de los saldos resultantes a su favor de las liquidaciones realizadas respecto a los aludidos contratos con arreglo a la ley y siguiendo las propuestas en la demanda o las que judicialmente se establezcan y atendiendo lo previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A., y iii) las costas del proceso.


Narra la demanda que entre el demandante y el departamento de Boyacá se celebró el citado contrato cuyo objeto fue la consultoría para adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que suscriba el municipio de Duitama con ocasión a la celebración del convenio No. 2254 de 2010, cuyo objeto era contratar por el sistema de precios unitarios a costos fijos sin reajustes a las obras requeridas para la construcción de redes de alcantarillado en la cobertura de la empresa comunitaria La Trinidad Primera Etapa de ese municipio; el contrato No. 01937 tuvo un término de ejecución de cuatro (4) meses por un valor de $23.887.522.50, y en virtud del cual el contratista recibió como anticipo la suma de $7.166.256.75.


Manifiesta que el mencionado convenio que dio lugar al aludido contrato de interventoría no fue ejecutado y se liquidó bilateralmente el 22 de agosto de 2012.


Anota que, en audiencia del 28 de noviembre de 2012, realizada a fin de liquidar el contrato de interventoría, el departamento de Boyacá solicitó a la supervisora del convenio que proyectara el acta de liquidación bilateral respectiva y se fijara fecha y hora para rubricarla, de lo contrario, se elaboraría unilateralmente.


Asegura que desde esa fecha no se liquidó bilateral ni unilateralmente el contrato de interventoría No. 001937 del 6 de julio de 2011, omisión que le ocasiona perjuicios al actor y que hace necesario que se realice la liquidación respectiva con el descuento del anticipo referido conforme como se propone en la demanda o lo que en sede judicial se determine.


Considera que no ha operado la caducidad del medio de control, ya que el 4 de diciembre de 2012, fecha fijada para suscribir el proyecto de acta de liquidación bilateral no se llevó a cabo tal acto, de manera que desde esa data empezó a correr el término de cuatro (4) meses que en la cláusula vigésimo primera del contrato se estableció para el efecto, término que vencía el 4 de abril de 2013, desde esta última fecha empezaron a correr los dos (2) meses para la liquidación unilateral por parte del Departamento el cual venció el 4 de junio de 2013, y a partir de allí se contarían los dos (2) años para la caducidad del medio de control, suspendiéndose entre el 27 de noviembre de 2014 y el 26 de enero de 2015 por trámite prejudicial ante el Ministerio Público, por tanto, contabilizando desde el 4 de junio de 2013 a la fecha de la presentación de la demanda no se configuró la sanción procesal referida.


Relata la demanda que el accionante y el Departamento de Boyacá suscribieron tal contrato cuyo objeto fue la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que suscriba el municipio de Paz del Rio con ocasión a la celebración del convenio 1622 de 2011 el cual tuvo como objeto la contratación por el sistema de precios unitarios a costos fijos sin reajustes de las obras requeridas para la construcción de los tramos finales del acueducto verdad Salitre y Sibarita de ese municipio; tuvo un término de ejecución de 4 meses hasta la liquidación de la obra y un valor de $34.382.400, pagaderos en forma periódica previa aceptación de la oferta presentada.


Asegura que a la fecha de la presentación de la demanda el ente accionado no ha cancelado dinero alguno al contratista con ocasión a la ejecución del negocio jurídico, tampoco se ha liquidado bilateralmente pese a que así lo ha solicitado el actor, omisión que se refleja en el informe ejecutivo final de gestión que elaboró este en obedecimiento a lo dispuesto por el Departamento en audiencia celebrada a fin de concretar dicha liquidación y con el cual se demuestra el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.


Indica que en audiencia de conciliación prejudicial el ente accionado adujo que la liquidación bilateral no era procedente, en la medida que el negocio jurídico se encontraba en ejecución, sin embargo, en el mes de enero de 2015, presentó al accionante un proyecto de tal tipo de liquidación en el que consignó que su terminación acaeció desde el 2 de mayo de 2014.


A través de apoderado judicial se opuso oportunamente a las pretensiones. Al efecto, sostuvo en primer lugar, que la pretensión de liquidación judicial del contrato de interventoría No. 001937 del 6 de julio de 2011, estaba caducada, ya que el convenio No. 2254 de 2010, sobre el que este se desarrollaba fue liquidado el 11 de octubre de 2012; en aquel contrato no fue pactado término alguno para la liquidación bilateral, luego las partes contaban con 4 meses contabilizados desde esta última fecha para el efecto, pero al no realizarse, gozaban de dos meses más los cuales vencía el 11 de abril de 2013, fecha desde la cual la parte actora tenía dos (2) años para acudir a la jurisdicción con miras a ejercer el medio de control contractual los cuales se vencía el 11 de abril de 2015, y si la demanda se presentó el 26 de junio de ese año, lo hizo por fuera de ese bienio.


Y, en segundo lugar, explicó que el contrato No. SMC-074-2012 se encuentra en ejecución atendiendo su objeto; en esa medida, no es procedente la liquidación pretendida porque el contratista tiene obligaciones contractuales pendientes. 


Resaltó que el actor no cumplió el objeto contractual, en tanto que, no siguió los manuales de interventoría, hecho que se consignó en audiencia realizada el 20 de mayo de 2015 al no informar sobre modificaciones contractuales realizadas discrecionalmente lo cual dio lugar a un proceso sancionatorio en su contra que se suspendió con ocasión a la admisión de esta demanda, que en la liquidación bilateral pretendida, ese ente territorial no podía avalar, como lo busca el actor, pagos por fuera del presupuesto oficial y que aquel fue el que incumplió el contrato según se plasmó igualmente en acta suscrita el 3 de marzo de 2015 en la que se señaló que la ejecución del contrato fue del 0%, con desconocimiento de la invitación pública y los ítems establecidos para el negocio jurídico.




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