En firme quedó el acuerdo que habla del transporte de los concejales de Soracá

Marzo 10, 2021

En firme quedó el acuerdo que habla del transporte de los concejales de Soracá

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El Tribunal Administrativo de Boyacá denegó la solicitud de invalidación del Acuerdo No. 016 del 2 de septiembre de 2020 expedido por el Concejo Municipal de Soracá “Por Medio Del Cual Se Establecen Los Criterios Para El Otorgamiento Y El Incremento Del Transporte A Los Honorables Concejales Que Residen En La Zona Rural Del Municipio De Soracá -Boyacá”, por las razones expuestas.

La demanda fue interpuesta por el departamento de Boyacá contra el municipio de Soracá.

La Sala en única instancia estudió la solicitud de invalidación del Acuerdo No. 016 de 2 de septiembre de 2020 proferido por el Concejo Municipal de Soracá, “Por Medio Del Cual Se Establecen Los Criterios Para El Otorgamiento Y El Incremento Del Transporte A Los Honorables Concejales Que Residen En La Zona Rural Del Municipio De Soracá -Boyacá”.

La historia

El Gobernador de Boyacá solicitó al Tribunal declarar la invalidez del Acuerdo No. 016 de 2 de septiembre de 2020 expedido por el Concejo Municipal de Soracá, al considerar, efectuada la revisión jurídica prescrita por el numeral 10º del artículo 305 de la Constitución, que ese acto administrativo viola normas de rango superior.

Aseguró que, conforme al artículo 116 del Decreto 1333/861, los acuerdos expedidos por los concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación, a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto. De allí, que el artículo séptimo del acuerdo censurado, al consagrar que aquel rige a partir de su sanción y publicación, pero surte efectos fiscales (retroactivos) a partir del 1° de enero de 2020, resulta ilegal.

De acuerdo con los argumentos de la demanda, el problema jurídico a dilucidar se contrae a establecer si es invalido el Acuerdo No. 016 de 2 de septiembre de 2020, proferido por el Concejo Municipal de Soracá “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO Y EL INCREMENTO DEL TRANSPORTE A LOS HONORABLES CONCEJALES QUE RESIDEN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACÁ -BOYACÁ”.

Sea lo primero señalar que no corresponde en este procedimiento un análisis total, que verse sobre todos los posibles motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad del acuerdo de que se trate. La competencia de la Corporación se delimita por los reparos concretos elevados por el solicitante del control; por lo que la Sala se limitará a examinar la juridicidad del acuerdo, a partir de los cargos formulados.

En relación con la vigencia de la ley, entendida como obligatoriedad y oponibilidad de la misma5, la Corte Constitucional ha sostenido que es el legislador el llamado a determinar el momento de iniciación de esta, con un límite infranqueable sí: la fecha de publicación de la ley. De manera que, si bien se puede diferir la entrada en vigor de la ley, no se puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia un momento anterior a la promulgación6. Esta postura, dice la Corte, se justifica para preservar el principio de publicidad en la actuación de los poderes públicos y específicamente la publicidad de la ley, y evitar que los asociados sean sorprendidos con leyes secretas que vulneren la seguridad jurídica y la confianza legítima7.

En relación -específicamente- con el momento en que los acuerdos municipales empiezan a surtir la plenitud de sus efectos, el artículo 116 del Decreto Ley 1333/86, reza:

(…) Artículo 116º.- Los acuerdos expedidos por los Concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su sanción (…) - Negrilla y subraya fuera del original -.

Ahora bien, el Máximo Tribunal Constitucional en Sentencia C-1433 de 20009 - traída en cita por el Agente del Ministerio Público - admitió la retroactividad de las normas que fijan la remuneración de los servidores públicos, en consideración a la necesidad de que rijan dentro del año fiscal correspondiente10. Al respecto, expuso:

(…) lo lógico es que el efecto retroactivo del aumento se produzca tal como lo prevé la norma en cuanto a los decretos que se expiden en el mes de enero, para que el incremento salarial abarque el año completo - y así debe seguir ocurriendo, con el objeto de que el ingreso real de los trabajadores no se deteriore-, cuando se trata de aumentos posteriores adicionales, que pueden ser decretados en cualquier tiempo dentro del año -como resulta de esta Sentencia-, debe ser el Ejecutivo, sin la restricción plasmada en la norma legal, el que indique la fecha a partir de la cual operará, con carácter retroactivo, el respectivo aumento. Es esa una decisión administrativa que la ley marco no puede forzar, según el principio constitucional de distribución de competencias entre el Congreso y el Gobierno. Bien puede el Ejecutivo, en cuanto a esos aumentos posteriores dentro del año, si cree oportuno decretarlos, señalar que rigen desde el 1 de enero o desde otra fecha, y la norma del Congreso, que debe ser amplia y general, no tiene competencia para hacer inflexible la regla que en esos casos habrá de aplicarse (…)

La obligación que, tanto para el Gobierno como para el Congreso, establece la Constitución de aumentar periódicamente los salarios de los servidores públicos indudablemente tiene una concreción en la ley 4ª de 1992, específicamente en los arts. 1º, 2º y 4º. En efecto, la normativa constitucional se hace realidad cuando el Congreso al expedir dicha ley le impone al Gobierno la obligación de aumentar anualmente el valor de los referidos salarios; obligación que adquiere una relevancia constitucional, en la medida en que según el art. 189-10, es función del presidente de la República obedecer la ley y velar por su estricto cumplimiento. Subraya la Corte.

En ese orden de ideas, para la Sala no cabe duda que el acuerdo controlado, que estableció su vigencia retroactiva (se sancionó el 2 de septiembre de 202013 y, se publicó el 3 de septiembre siguiente14, pero estableció que surtiría efectos fiscales a partir del 1° de enero anterior), podría tenerse como ajustado a derecho, siempre que sea posible aplicar la mencionada doctrina constitucional al caso de estos servidores que, claramente, no están dentro de las categorías referidas por la sentencia C-1433 de 2000 (los empleados enumerados en el artículo 1º, literales a), b) y d) del artículo 4º de la Ley 4ª de 199215), dentro de las cuales no figuran los miembros de las corporaciones públicas, como son los concejales).