Fiscalía judicializó a 12 personas, presuntamente, implicadas en extorsión carcelaria

Agosto 12, 2021

Fiscalía judicializó a 12 personas, presuntamente, implicadas en extorsión carcelaria

Foto: Fiscalía General de

Investigadores del CTI en Boyacá identificaron el aumento de la modalidad de extorsión conocida como falso servicio.


La Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 personas, presuntamente, implicadas en extorsiones realizadas desde varias cárceles del país.


Entre los procesados se encuentran dos internos quienes se encargarían de realizar las llamadas con exigencias económicas a varios residentes de Santander, Boyacá y Caquetá, a cambio de no atentar contra sus vidas.


Entre otros procesados están cinco hombres y cinco mujeres que, según las investigaciones, serían los encargados de recibir, retirar y entregar los dineros producto de las extorsiones. Por el cobro de dichas sumas, al parecer, los procesados recibían comisiones de entre 50 y 100 mil pesos.


Entre los judicializados se encuentra una abogada quien habría prestado su nombre para recibir el dinero producto del ilícito. Esta persona no aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión en grado de cómplice, que le imputó la Fiscalía. 


Los otros once procesados sí se allanaron a los cargos.


Los dos internos que también fueron procesados se encuentran recluidos en las penitenciarías de Valledupar (Cesar) y El Barne en Cómbita (Boyacá), y luego de conocer sobre las indagaciones que se les sigue por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, admitieron su participación en los hechos investigados.


Falso servicio


En el marco de las investigaciones la policía judicial detectó un incremento de la modalidad extorsiva denominada falso servicio, consistente en contactar microempresarios que ofrecen sus servicios a través de redes sociales y plataformas tecnológicas para ofrecerles supuestos negocios.


Una vez solicitados los servicios, la víctima era identificada como objetivo militar de un grupo ilegal y para evitar ser asesinados o poder trabajar eran conminados a pagar sumas de $1 millones a $10 millones.




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