Fiscalía y Policía deben pagar a dos capturados que no tenían nada que ver con un crimen

Abril 24, 2021

Fiscalía y Policía deben pagar a dos capturados que no tenían nada que ver con un crimen

Foto: 90 minutos

Por falla en el servicio, declaran administrativa y extracontractualmente responsables a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados en un caso de privación injusta de la libertad. El 31 de julio de 2012 la Policía solicitó ante la Fiscalía el allanamiento de un inmueble en Garagoa debido a que había información que daba cuenta de que allí se comercializaban alucinógenos.


Para el efecto adjuntó el registro fotográfico del inmueble, dos entrevistas y manifestó que había adelantado labores con las personas del sector las cuales confirmaron esa actividad delictiva por parte de una persona. Con sustento en lo anterior, el 3 de agosto de 2012 la Fiscalía llevó a cabo el registro y allanamiento del inmueble, donde, según el informe ejecutivo respectivo, se hallaron estupefacientes, por lo cual se dio la captura de cuatro personas que allí se encontraban en el momento, dos de los cuales duraron 1 año, 5 meses y 25 días privados de la libertad en detención domiciliaria y posteriormente fueron absueltos.


Ante estos hechos, demandaron en reparación directa para el resarcimiento de los perjuicios por privación injusta de la libertad, debido a que, al momento de llevar a cabo el control de garantías, no se analizó de manera concreta y con prudencia la información allegada por la Fiscalía, bastándole con haberse encontrado en un inmueble la presencia de la sustancia prohibida para deducir la autoría probable.


En efecto, en el allanamiento, no se tenía certeza alguna de cómo estaba distribuido el inmueble objeto de la orden del ente acusador, como quiera que funcionaban dos unidades empresariales diferentes; por una parte, una carpintería de propiedad de los demandantes y por otra, un taller de ornamentación, con propietarios diferentes.

De manera que, el solo hecho de encontrarse los estupefacientes en un lugar del inmueble referido, no en control de una persona exactamente, sino almacenados en una tubería de ornamentación, no permitía la inferencia de autoría del delito, ni era razonable, ni configuraban las reglas de excepción para que el juez control de garantías concediera la medida.


Aseguran entonces que, existió una falla del servicio debido a que la Fiscalía no contaba con elementos probatorios suficientes para solicitar la imposición de medida de aseguramiento en contra de los actores, pues solo mediaba un informe policivo acompañado de dos entrevistas que identificaban era a otros ciudadanos como los autores del punible, por lo que se le exigía mayor acuciosidad dirigida a confrontar la versión policiva en su contra.


Concluyó el Tribunal que estas dos personas no estaban en la obligación de soportar el daño que padecieron y que debía calificarse como antijurídico, lo cual determinaba la obligación para el Estado de resarcir los perjuicios que les fueron causados por la pasividad de la Fiscalía y del Juzgado con Funciones de Control de Garantías.


Para esta demanda los afectados allegaron todas las piezas del proceso penal y se logró acreditar que los actores, pese a estar en taller al momento del allanamiento, no era los autores ni partícipes del punible, pues, previo a la diligencia, como se dijo, se contaban con dos entrevistas contundentes que identificaban que los autores eran otras personas.


La demanda interpuesta por la señora Morales Aponte, sus hijos Camacho Morales y otros actores pedían que se declarasen a las autoridades administrativamente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad que sufrieron el papá y la mamá de la familia por un lapso de 17 meses y 25 días.


Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condene a las entidades accionadas al pago de las siguientes sumas de dinero:


Por concepto de perjuicios materiales: $24.000.000 a favor del señor y por la señora la suma de $ 15.000.000.


Por concepto de perjuicios morales: El equivalente a 1000 SMLMV, para cada uno de los demandantes.


Se indica además que el señor  Camacho Guío y la señora Morales Aponte en el año 2012 se encontraban en su taller de ebanistería y fueron privados de su libertad por parte de miembros de la Policía Nacional de Garagoa- SIJIN y la Fiscalía 27 Seccional de la localidad, posterior al allanamiento de un taller de ornamentación contiguo, donde se encontró al parecer cocaína, aprehensión que se dio sin orden de captura y sin encontrarle a las víctimas, ninguna sustancia, por un lapso aproximado de 18 meses.


Señaló que, lo anterior acaeció, como consecuencia de un informe que presentó la Policía que señalaba a la carpintería contigua como centro de distribución de estupefacientes, tales como, marihuana y cocaína. El inmueble se allanó el 3 de septiembre de 2012, pero a los demandantes que fueron capturados, no se les encontró ningún tipo de sustancia ilegal, y sobre quienes recaía la investigación no eran las personas que estaban en el taller de carpintería, sino como quedó demostrado en el proceso penal, el expendio de estupefacientes era en el taller de ornamentación.


Precisan también que las dos víctimas estuvieron en prisión domiciliaria y solicitaron en octubre de 2012, permiso para trabajar, el cual fue negado, por lo que estuvieron recluidos 17 meses y 25 días.


Indicó que una de hija de las víctimas tuvo que renunciar a su trabajo y desplazarse hacia el municipio de Garagoa a fin de brindar ayuda a sus progenitores mientras estuvieron privados de su libertad, suministrándoles el sustento y el pago de servicios públicos. De igual manera, manifiestan que los hijos mayores, durante el tiempo que duró la privación de la libertad de sus padres, tuvieron que asumir los gastos de representación judicial, alimentación y salud, así como la manutención de su hermano menor.


En la demanda también hablan de dos periódicos impresos del departamento que consignaron la noticia causando daños materiales y morales sufridos por los demandantes, produciendo enfermedades, desespero, pérdida de sus trabajos, siendo publicitado su caso por periódicos de circulación regional, como un positivo judicial cuando no era cierto.


Así las cosas, el Tribunal Administrativo falló:


Confirmar la sentencia proferida el 09 de diciembre de 2019, mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.


Condenar en costas a la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración judicial y la Fiscalía General de la Nación y a favor de la parte demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA en concordancia con los numerales 1º y 8º del artículo 365 del CGP y el contenido del reciente artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. La secretaría del despacho de primera instancia procederá a la liquidación correspondiente, incluyendo las agencias en derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 366 de la misma norma.




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