Gobernación demandó acuerdo del Concejo de Tibaná

Septiembre 2, 2021

Gobernación demandó acuerdo del Concejo de Tibaná

Foto: Wikipedia

Facultad atribuida a los concejos municipales de autorizar al alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones de su competencia es improrrogable.


Así lo confirmó el Tribunal Administrativo de Boyacá al analizar la legalidad del Acuerdo No. 001 de 19 de febrero de 2021 mediante el cual el Concejo del municipio de Tibaná otorgó facultades al ejecutivo municipal para continuar con la construcción de una urbanización y entrega de subsidios en un proyecto de vivienda de interés social en el respectivo municipio, facultades que previamente habían sido concedidas a través de dos acuerdos municipales con vigencias respectivas hasta el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020.


De esta manera, la corporación judicial declaró la invalidez del acuerdo municipal analizado teniendo en cuenta que el Concejo municipal de Tibaná prorrogó ilegalmente, de manera sucesiva, una facultad que solo podía otorgar al alcalde por una única vez.


Las razones de la declaratoria de invalidez se fundamentaron en que el Concejo municipal concedió dos tipos de autorizaciones al burgomaestre, pues, por un lado lo facultó para que continuara con la construcción de un proyecto de vivienda de interés social, lo que por su parte implicaba la enajenación de un bien inmueble de propiedad del municipio, y por otro lo autorizó para que entregara los respectivos lotes urbanizados a título de subsidio, situación que envolvía el ejercicio pro tempore de una facultad propia del concejo del ente territorial demandado.


En relación con la facultad de autorizar al alcalde para contratar en los casos previstos en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2018, los concejos no pueden determinar un marco temporal en el que tal actividad deba llevarse a cabo, pues, el alcalde está facultado constitucionalmente para contratar y comprometer el presupuesto del municipio, como ordenador del gasto y, de esta forma, dirigir la gestión contractual del ente que representa.


Así, el concejo municipal incurrió en una falta de al proferir en un mismo artículo dos autorizaciones de distinta naturaleza y con consecuencias distintas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la corporación judicial solo podía pronunciarse en relación con los cargos de ilegalidad formulados, decidió declarar la invalidez del acto administrativo por la indebida concesión de facultades pro tempore al habérsele otorgado sucesivamente al alcalde, facultades que solo podían haberse decretado por una única vez.


El Departamento de Boyacá solicitó que se declarara la invalidez del Acuerdo No. 001 de 19 de febrero de 2021, expedido por el Concejo del municipio de Tibaná.


El departamento de Boyacá indicó que las autorizaciones que los concejos conceden al ejecutivo municipal deben ser delimitadas, razón por la cual era necesario precisar qué facultad le otorgaban y por cuánto tiempo lo hacían.


Señaló que, tratándose de la enajenación de bienes propiedad de los municipios, los concejos ostentaban facultades de ‘decisión y reglamentación’. En virtud de lo anterior, los representantes legales de las entidades públicas del orden territorial debían estar ‘facultados’ ―previamente― para poder llevar a cabo la transferencia de bienes inmuebles.


Con respecto al caso concreto, expuso que inicialmente el Concejo del municipio de Tibaná había otorgado unas facultades a su alcalde para realizar un proyecto de vivienda hasta el día 31 de diciembre de 2019 ―a través del acuerdo No. 037 de 2018―. Dijo que, posteriormente, prorrogó las mismas hasta el 31 de diciembre de 2020 ―mediante la expedición del Acuerdo No. 22 de 2020―.


Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que en el acuerdo demandado ―el No. 001 de 19 de febrero de 2021― hubo una indebida delimitación temporal de la facultad otorgada porque “se pretend[ió] extender la facultad concedida hasta el 31 de diciembre pasado [entiéndase el año 2020]”2, lo que conllevaba la reanudación de un acto administrativo ya expirado.


En cuanto a la posición del municipio de Tibaná, el apoderado del ente territorial solicitó denegar las pretensiones de la demanda.


Indicó que es deber de las entidades territoriales hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda digna, para lo cual podían promover planes de vivienda de interés social. 


Asimismo, reseñó que era jurídicamente viable ofertar este tipo de programas, los cuales se podían ‘apalancar’ con la “disposición de lotes y obras de urbanismo”4, señalando que, para el efecto, era posible ‘aliarse’ con constructores para materializar este tipo de proyectos, según el Decreto 2190 de 2009, en concordancia con las Leyes 3 de 1991 y 388 de 1997.


Relató que a través del Acuerdo municipal No. 037 de 2018 ―vigente hasta el 31 de diciembre de 2019―, se concedieron facultades al alcalde para ‘constituir’ un proyecto de vivienda de interés social, para seleccionar un ‘inversionista, cooperante y constructor’, y para entregar “como subsidio el valor correspondiente a cada lote (…) a los beneficiarios”5. 


Además, anotó que, nuevamente, tales facultades se volvieron a conferir a través del Acuerdo No. 002 de 2020 ―hasta el 31 de diciembre de dicha anualidad―.


En tal contexto, precisó que el acuerdo municipal demandado, expedido el día 13 de febrero de 2021, tenía como única finalidad la culminación del proyecto de vivienda de interés social ―atrás referido―; y señaló que éste se había atrasado debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional, lo que había imposibilitado su culminación en los términos inicialmente establecidos.




Le puede interesar:


Duitama sigue atendiendo a los afectados por emergencias climáticas


Emergencias por las lluvias


Gobernación demandó acuerdo sobre compra y uso de muebles inmuebles