Gobierno contra la minería ilegal y en zonas protegidas

Agosto 14, 2020

Foto: Amazonía socioambiental

El Gobierno nacional radicó en días anteriores un proyecto de ley contra la explotación ilícita de minerales con el que se lograría judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este delito en Parques Nacionales Naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por parte de los implicados.

Fueron los Ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente y Desarrollo Sostenible los que radicaron el proyecto de ley ante la Comisión Primera del Senado para judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con la explotación ilícita de minerales, además, generar las herramientas necesarias para contrarrestar la explotación ilícita de minerales en los ecosistemas estratégicos, reducir los daños ambientales, proteger las cuencas hídricas, reducir los impactos sociales y económicos, y las demás actividades relacionadas como la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización.

Hay que recordar que la explotación ilícita de minerales es una de las principales causas de deforestación, y según el estudio de evidencias de oro de aluvión (EVOA) realizado por Minenergía y UNODC, la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. A pesar de la prohibición del uso del mercurio en actividades mineras, existen evidencias del elevado contenido de mercurio en zonas como la Mojana y la Amazonía, donde la actividad minera se encuentra prohibida o restringida.

Los Grupos Armados Organizados se disputan entre sí el control de las minas ilegales en diferentes lugares de la geografía nacional, generando violencia y desplazamiento, así como escenarios de confluencia de diferentes delitos como la explotación infantil, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Actualmente, explotar minerales sin tener un título minero o habilitación legal minera no es suficiente para ser considerado un delito. Se debe demostrar, además, la “gravedad” del daño ambiental, lo cual dificulta su tipificación.

El delito de explotación ilícita de minerales tiene penas bajas y no cuenta con conductas agravantes, como la explotación en Parques Nacionales Naturales o áreas protegidas, y el uso de mercurio o explosivos en la actividad extractiva. Se trata de una dinámica criminal que requiere de mayores capacidades y facultades para todas las entidades encargadas de combatir este flagelo.

El proyecto de ley contra la explotación ilícita de minerales se suma a otros esfuerzos del Gobierno nacional en busca de la legalidad, como la formalización minera. Muchos mineros tradicionales tienen la voluntad de iniciar este camino. Por esta razón, desde la institucionalidad se han creado herramientas para facilitar el tránsito de alrededor de 27.000 de ellos a la legalidad, de los cuales 12.000 ya han iniciado este proceso.

El sector minero con legalidad genera alrededor de 350 mil empleos y más de un millón de empleos indirectos en Colombia, representa el 21% de las exportaciones, el 15% de la Inversión Extranjera Directa y el 20% de las regalías (solo en 2019 aportó $2,5 billones de pesos en regalías).

Se estima que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se dejó de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas año, lo que equivale a un valor comercial de alrededor de $3,6 billones de pesos. Esto representa aproximadamente $140 mil millones de pesos en regalías dejadas de percibir durante el año 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social.

“El agua, el ambiente y la biodiversidad son activos estratégicos de la Nación y así lo reconoce el gobierno del Presidente Iván Duque. Sin embargo, el narcotráfico y la explotación ilícita de minerales se han convertido en los principales destructores de nuestros recursos naturales, pues están entre las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados Organizados. A los criminales que se valen de estas actividades ilegales no les importa usar sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro, que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora”.

La explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación según el informe del IDEAM 2019 y, de acuerdo con el estudio de evidencias de oro de aluvión (EVOA), realizado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. Afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.

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