Inválido el acuerdo de Puerto Boyacá, por el cual se fijó el presupuesto de 2020

Octubre 30, 2020

Foto: Coonorte

El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la invalidez del Acuerdo N° 029 del 6 de diciembre de 2019, expedido por el Concejo de Puerto Boyacá, por el cual se fijó el presupuesto general de ingresos y gastos de ese municipio para la vigencia fiscal 2020.


Esta decisión de única instancia, la adoptó el Tribunal Administrativo de Boyacá al estimar que con la expedición del mencionado acuerdo, el Concejo Municipal de Puerto Boyacá, infringió principios y normas presupuestales al omitir en el presupuesto de gastos los programas y subprogramas a financiar en el presupuesto de inversión, así como los diferentes fondos cuenta y especiales en los mismos términos previstos en el capítulo de ingresos, como el Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos.


En efecto, en el acto administrativo demandado, se pudo observar que en la apropiación de gastos de inversión solo se indicó de manera global los sectores en que se irían a destinar los recursos respectivos, pero se omitió clasificar los programas y subprogramas para ello. Es decir, en cuanto a los primeros, a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por el ente territorial contenidas en el respectivo Plan de Desarrollo, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados; y los segundos, los subprogramas, entendidos como el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución en un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante acciones concretas que realizan determinados órganos.


También en dicho componente de gastos de inversión, nada se indicó respecto a tales programas o subprogramas a ejecutar tanto con los recursos de destinación específica como con los fondos cuenta y especiales, cuyos recursos gozan de una apropiación estipulada a partir de su norma de creación. Respecto a estos últimos –fondos especiales-, refirió particularmente al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que conforme al artículo 89 de la Ley 142 de 1994 y su Decreto reglamentario 565 de 1996, busca el otorgamiento de subsidios a usuarios de servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3; el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual a la luz de las Leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, reclama la implementación de programas para incentivar la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad, y el Fondo de Gestión de Riesgo, que en atención a lo preceptuado en el artículo 2.2.8.4.1. del Decreto 1284 de 2017, su finalidad se encamina al conocimiento y reducción de riesgos y el manejo de desastres.


Sobre este particular, la Colegiatura consideró que, pese a que dicho documento discriminaba programas y subprogramas de los gastos de inversión del presupuesto de gastos, no podía asumírsele como un anexo del presupuesto de gastos que tuviera la virtualidad de colmar la exigencia legal contenida en los citados artículos 36 del Decreto111 de 1996 y 14 del Decreto 568 de 1996, en torno a los programas y subprogramas que aquel debía contener.


Lo anterior, en primer lugar, porque dicho documento, si bien fue parte del proyecto de presupuesto que se llevó a debate ante la corporación edilicia, no era menos cierto que en el cuerpo definitivo del acuerdo demandado, no se indicó expresamente que este hiciera parte integrante de dicho acto administrativo.


En segundo lugar, aunque en el artículo cuarto del citado acuerdo se contempló expresamente que los anexos del presupuesto de egresos eran la parte explicativa de las sumas globales del presupuesto municipal para la respectiva vigencia fiscal al igual que las sumas asignadas a cada rubro o código presupuestal, lo que significaría que el anexo de gastos reflejaría la discriminación entre programas y subprogramas como en efecto lo hizo ese documento, ciertamente éste, como se explicó con anterioridad, no indicaba que fuera parte integral del acuerdo censurado.


De modo que si el artículo segundo del acuerdo solo precisó sumas asignadas a cada rubro o código presupuestal que permitirían la expedición del decreto de liquidación del presupuesto cuya competencia recaía en el Alcalde, tal situación no garantizaba que dichas partidas o asignaciones presupuestales se respetaran, pues las podría modificar a su conveniencia.


Por todo lo expuesto, para la corporación judicial era dable predicar, por un lado, la transgresión del literal b del artículo 11 y del artículo 36 del Decreto 111 de 1996, así como del artículo 14 del Decreto 568 de 1996, que exigen, en tratándose del presupuesto de gastos, la discriminación de programas y subprogramas a los cuales se enfocarán los recursos respectivos; mandato que busca proteger la adecuada planificación y utilización de aquellos en materia presupuestal.


Y por otro, el quebrantamiento de los principios presupuestales previstos en el Decreto 111 de 1996, como el de planeación de su artículo 13, en cuanto determina que el presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. 


Así mismo, del principio de universalidad de que trata el artículo 15 ibidem, en cuanto dispuso que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. De igual modo, el artículo 17, relativo a programación integral, bajo el entendido que todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes, y del principio de especialización del artículo 18, que atañe a que las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

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