La Arquidiócesis estaba cobrando más de 64 millones a Tunja por el arriendo de un inmueble

Mayo 7, 2021

La Arquidiócesis estaba cobrando más de 64 millones a Tunja por el arriendo de un inmueble

Foto: Boyacá Le Informa

El Tribunal Administrativo de Boyacá recuerda que quien pretenda celebrar un contrato estatal tiene el deber de acatar la exigencia legal de la solemnidad del escrito para perfeccionarlo.


Con esta tesis, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de Reparación Directa, interpuesta por la Arquidiócesis de Tunja en contra del Municipio de Tunja, a través de la cual pretendía se le condenara a pagar el valor de los cánones de arrendamiento del inmueble de su propiedad, ocupado por las Secretarías de Protección Social y de Gobierno del Municipio, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 del mes de octubre del año 2016, lapso durante el cual no existió contrato alguno.


Para el efecto recordó que la Sección Tercera del Consejo de Estado se ocupó de unificar su jurisprudencia frente a la figura del enriquecimiento sin causa, así como la actio in rem verso, por lo cual, en sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, determinó los casos en los que procedía la reparación por esa vía.


Bajo ese entendimiento indicó que, para arrendar un inmueble, el Estado y el particular, debían cumplir las exigencias formales y materiales que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para ello. Por tanto, debían estar presentes los trámites y requisitos administrativos gobernados por el principio de legalidad, el cual comportaba, entre otros, disponer previamente de las partidas presupuestales destinadas a cubrir los cánones de arrendamiento, administración, servicios públicos y que constara por escrito el negocio jurídico cuyo objeto debía estar plenamente individualizado y determinado.


Entonces, en el caso concreto, los hechos que soportaban la demanda estaban fuera de los tres supuestos referidos. Por el contrario, haber fenecido el plazo contractual del negocio celebrado en 2015 y la inexistencia de contrato suscrito entre las partes para el año siguiente, demostraba la pasividad de la entidad demandante, quien guardó silencio y solamente vino a elevar una petición al Municipio de Tunja el 19 de mayo de 2016, en la que solicitaba la suscripción del contrato o la entrega del inmueble.


La Arquidiócesis De Tunja, a través de apoderado, acudió a fin de que se condene al Municipio de Tunja a pagar la suma de $64.295.922,64, por concepto del valor del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 9 No. 20-17, de propiedad de la Arquidiócesis, ocupado por las Secretarías de Protección Social y de Gobierno del Municipio de Tunja, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 del mes de octubre del año 2016.


Asimismo, solicitó que se condene al Municipio de Tunja a pagar a favor de la Arquidiócesis de Tunja, la indexación o actualización de dichas sumas de dinero.


Indicó que la Arquidiócesis de Tunja es propietaria del inmueble ubicado en la carrera 9 No. 20-17 de esta ciudad, inmueble que desde el año 2014, ha dado en calidad de arrendamiento a la Alcaldía Municipal de Tunja, en donde funcionan las oficinas de Protección Social y la Secretaría de Gobierno del municipio.


Señaló que dicho compromiso se ha venido legalizando por medio de diferentes contratos de arrendamiento desde el año 2014, celebrados entre la Arquidiócesis de Tunja y el Municipio de Tunja con duración de 1 año, en atención a las vigencias fiscales y presupuestales del Municipio, es decir con vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de cada anualidad.


Expuso que la Arquidiócesis, como en años anteriores, hizo la propuesta económica del contrato de arrendamiento para el año 2016 al Municipio el día 18 de enero de 2016, cumpliendo con las exigencias hechas, ofreciendo las mismas condiciones pactadas en el contrato correspondiente al año 2015 y explicando que, con el incremento del IPC, el canon de arrendamiento sería de $96.443.884,00 por toda la anualidad, o sea la suma de $8.036.990,33 mensuales, propuesta radicada con No SAC – 66865 el día 19 de enero de 2016, siendo utilizado dicho documento para adelantar el trámite contractual correspondiente por parte del Municipio de Tunja.


Manifestó que las dependencias de la Secretaría de Protección Social y la de Gobierno del Municipio de Tunja, desde hace varios años tienen su sede en dicho inmueble, cuyo contrato de arrendamiento se celebraría entre el Municipio y la Arquidiócesis, razón por la que dicha entidad, no solo ocupaba el inmueble desde el año cuando se celebró el primer contrato de arrendamiento entre las partes, sino que además desde el primer día del año 2016 y hasta el 30 de Octubre del mismo, sus instalaciones fueron ocupadas y utilizadas por las dependencias municipales, con el convencimiento para la arrendadora, de que el municipio respondería por el compromiso económico correspondiente al tiempo de utilización del Inmueble como lo había venido haciendo en virtud de la contratación que anualmente se realizaba. Sin embargo, que, por dificultades de tipo administrativo del ente municipal, no se logró la legalización del contrato.


Aseveró que el representante legal de la Arquidiócesis de Tunja, mediante oficio de fecha 18 de mayo de 2016, dirigido al Alcalde de Tunja, le comunicó a la entidad territorial que hasta ese momento no se había renovado el contrato y por tanto no se había recibido el respectivo canon de arrendamiento, por lo que solicitó una solución pronta y definitiva, ya fuera la firma del contrato o la entrega inmediata del inmueble junto con la cancelación del canon correspondiente al arrendamiento comprendido entre el 1º de enero y el 17 de mayo de 2016, junto con los intereses.


Aseguró que el día 8 de junio de 2016, una Auxiliar Administrativa del despacho de la Alcaldía Mayor de Tunja, y por instrucciones del Alcalde, remitió a la Secretaría de Contratación, Licitaciones y Suministros un contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona Protección Social; en tal sentido la Secretaría de Contratación, dio respuesta al oficio radicado por parte de la Arquidiócesis, indicando que una vez se realizaran los estudios previos por parte de las Secretarías de Gobierno, Protección Social, y la Oficina del Sisbén, se procedería a elaborar la respectiva minuta contractual, comunicándose con el representante legal de la Arquidiócesis para su suscripción.


Manifestó, que el contrato de arrendamiento fue firmado el día 27 de octubre del 2016, con un plazo de ejecución de dos meses, por tanto, no se reconoció a la Arquidiócesis el monto de los cánones de arrendamiento adeudados por el tiempo comprendido entre el 1º de Enero y el 30 de octubre del 2016.


Sostuvo, que la Arquidiócesis solicitó al Municipio de Tunja, el pago del arrendamiento del inmueble correspondiente al tiempo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de octubre de 2016, cuya cuantía ascendía a la suma de $80.369.900; no obstante, la entidad territorial manifestó la imposibilidad de pagar dicho valor, sugiriendo la conciliación administrativa como medio para poder obtener la satisfacción del pago de los cánones de arrendamiento adeudados. Conforme a lo anterior, la Arquidiócesis solicitó ante la Procuraduría 67 Judicial I Administrativa de Tunja la conciliación correspondiente, donde se llegó a un acuerdo entre las partes y avalada por la funcionaria del Ministerio Público, siendo finalmente improbada por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.




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