Los recursos para el sector ambiental en Colombia siguen siendo ineficientes: Contraloría

Octubre 28, 2020

Foto: Revista Semana

Continúa la encrucijada presupuestal del sector ambiental en el país. Por ejemplo, San Andrés se encuentra al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras. En 2019 el crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comercial generaron un aumento de los desechos.


La reducción en el presupuesto nacional y altos recursos en las CAR no ejecutados son parte de las causantes de los problemas para el sector ambiental. Para la vigencia 2019 los recursos de cooperación internacional representan una fuente importante para la inversión del sector ambiental y ascendieron al 67% con relación a los recursos apropiados para inversión por el Presupuesto General de la Nación.


El informe anual de la Contraloría General de la República sobre los resultados de gestión del Estado en materia ambiental muestra lo siguiente:


- La Policía Nacional, a través de su Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, es una de las entidades con mejores resultados en la lucha por la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que afectan la salud y el ambiente. 


Durante 2019 intervino 3.755 minas y produjo 1.197 capturas.


- El sector ambiental sigue siendo desfavorecido presupuestalmente y el control y monitoreo de los recursos naturales presenta debilidades.


- La pérdida de agua que podría ser reutilizada en el país es cercana al 41%, debido a las grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto del país, lo que aleja al país de los objetivos de la economía circular e infraestructura verde.


- Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetivos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.


De la misma manera, el CONPES 3943 proyectó en 2018 la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, pero según el Plan Nacional de Desarrollo para cumplir esa meta durante los próximos ocho años tendrían que ingresar 593.400, es decir, un promedio de 74.175 por año.


De los 263.684 vehículos nuevos registrados en Colombia en 2019, sólo el 1,2% trabaja con tecnologías híbridas eléctricas, lo que afecta sensiblemente las metas ambientales definidas por el Plan Nacional de Desarrollo en su línea de Transporte sostenible.


Así mismo, Colombia sigue en el reto de impulsar la minería de manera sostenible al tiempo que preserva las prácticas artesanales y ancestrales. Después de cuatro años de la creación del Impuesto Nacional al Carbono, se observa que no se ha ejecutado ningún proyecto que contribuya a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero –GEI.


Por su parte, la Autoridad Nacional Pesquera informó que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del Río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su área de influencia.


Lo dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba en la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020), “las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.


Ahora bien, el país cuenta hoy con contratos que dan acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas. Según este Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente:


- Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica.


- Deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio.


- Escasa planificación de las áreas protegidas.


- Incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.


En materia de reforestación, el Gobierno nacional, en enero de 2020 se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al 2022, lo que representaría una extensión de 140 a 270 mil hectáreas en total, equivalentes a un promedio de 35 a 67 mil hectáreas por año.


Para la Contraloría, “la realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”. El recaudo de impuesto por parte de la DIAN para el periodo 2017- 2019 ascendió a $1.221.980 millones de los cuales el 45% corresponde al Medio Ambiente, es decir, $549.891 millones. Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación no obstante que tienen destinación específica, para la protección del Medio Ambiente.


Al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presenta reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país.


Otras conclusiones de la evaluación que realizó la CGR sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, son las siguientes:


- Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.


- Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%).


- Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones.


- Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%.


Después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).


Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia.


La Contraloría considera relevante la iniciativa del ejecutivo de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, para lo cual ya cursa en el Congreso de la República el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medio ambiente.

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