Policía debe evaluar y hacer intervención a la Estación de Villa de Leyva

Noviembre 13, 2020

Foto: Boyacá Sie7e Días

La Policía Nacional, propietaria del inmueble donde funciona la Estación de Policía de Villa de Leyva, clasificado como indispensable y de atención a la comunidad, debe realizar la evaluación e intervención, referidas en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997.


A través del medio de control se solicitó la protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, en tanto consideró el actor que al encontrarse el Municipio de Villa de Leyva como zona de amenaza sísmica intermedia, debía cumplirse con la carga señalada en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, sobre la evaluación e intervención respecto de edificaciones calificables como indispensables y/o de atención a la comunidad, según descripción contenida en las normas de sismo resistencia NSR-10, imputando el incumplimiento de ese deber al Municipio de Villa de Leyva.


Dicho municipio luego de ser notificado de la demanda, solicitó que fueran vinculadas otras entidades respecto de las cuales también recaía ese deber atendiendo que en varias edificaciones de propiedad de aquellas pueden clasificarse como indispensables y/o de atención a la comunidad, siendo vinculada entre otras la Policía Nacional en la medida que en el municipio funciona una Estación de Policía.


Conforme a las normas invocadas en la demanda, sin mayor dificultad se establecía que dicha edificación corresponde a una de las clasificadas por la Ley 400 de 1997 y las NSR-10 como de atención a la comunidad, que como el Municipio de Villa de Leyva, fue clasificado como zona de amenaza sísmica intermedia, concurren los supuestos normativos contenidos en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, para exigir como medida de prevención de riesgo la evaluación e intervención de dicha edificación, pues el incumplimiento de esa norma implica una amenaza al derecho colectivo invocado.


En esa medida, consideró el Tribunal que existía el deber legal en cabeza de la Policía Nacional de realizar la evaluación e intervenciones a que refiere el artículo 54 de la Ley 400 de 1997. Sin embargo, esta entidad manifestó que no debió declararse responsable en tanto no existía prueba que la edificación constituyera un riesgo para la comunidad, lo cual debía haber sido demostrado por la parte actora, en cumplimiento de la carga de la prueba, y de otra parte que dicha obligación no estaba a su cargo porque quien debió haber ejecutado esas acciones según el plazo legal debió ser el Municipio de Villa de Leyva, pues la Policía recibió el inmueble una vez había fenecido el mismo.


En efecto y sobre el particular encontró la corporación judicial que la Ley 472 de 1998, en el artículo 30 al referirse a la carga de la prueba en la acción popular, imponía que la misma le corresponde al actor popular. Sin embargo, el Tribunal consideró que en los casos como el presente le correspondía al demandado probar que cumplió con el deber legal, por dos razones fundamentales: (i) que el demandante cumplió con el deber de demostrar los hechos en los que funda su solicitud de amparo y que el obligado se encuentra en el supuesto normativo que le impone un deber u obligación de rango legal, y (ii) que establecida la existencia de un deber legal, es al obligado dada su posición de garante a quien le incumbe probar que atendió las previsiones legales.


Teniendo en cuenta lo anterior, la vinculada debía cumplir con la obligación legal; a ésta le correspondía para soportar su defensa, demostrar el cumplimiento del deber legal, pues dicho incumplimiento era, precisamente, el que se imputaba como vulneración, en tanto se erigía una omisión al cumplimiento de las normas que garantizan a la comunidad -colectivo- el disfrute de la seguridad y a que sean prevenidos desastres que podían técnicamente ser previsibles, en tanto las normas imponían la obligación de realizar la evaluación e intervención, frente a las construcciones que se adecuaban a las del inmueble de propiedad de la Policía Nacional.


Así las cosas pese a las previsiones de la carga de la prueba en cabeza del actor popular, coligió el Tribunal que en este caso quien debía probar que atendió lo que refiere la norma era la Policía Nacional, pues contrario a lo afirmado por esa entidad, la sola omisión implicaba que se presumiera la amenaza al derecho colectivo invocado, pues las NSR-10 para salvaguardar la vida e integridad de las personas dado el carácter de edificación para garantizar la seguridad que tienen las Estaciones de Policía, los cuarteles del Ejército y de los bomberos, entre otros.


De acuerdo con lo precedente y la teoría expuesta, según el Tribunal, al ostentar la posición de garante, le correspondía a la Policía Nacional demostrar que cumplió con el deber legal, con el objeto de salvaguardar la vida de los miembros de la institución y de la comunidad en general, dado el carácter esencial del servicio, tal como las mismas normas técnicas de sismo resistencia le reconoce a esa labor.


Agregó, en consecuencia, bajo esa óptica, el obligado en su condición de garante debía demostrar el cumplimiento de la carga que el imponía la Ley; en caso contrario, sería responsable de la amenaza y puesta en peligro de un bien jurídico tutelado; en este caso, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, la cual se intensificaba en el caso de la Policía Nacional dado el rol institucional que le asistía frente al colectivo.


De acuerdo con el cuerpo colegiado judicial, si pretendía relevarse de responsabilidad, la única prueba que resultaba válida era la que acreditara el cumplimiento de la obligación consignada en la Ley 400 de 1997 y las NSR-10, lo cual no solo, no allegó, sino, por el contrario, aceptó que no había sido realizada ninguna de esas gestiones respecto de la edificación indispensable para la atención a la comunidad.


De esta manera, entre las obligaciones que asumió la Policía Nacional al recibir en cesión el inmueble donde funciona la Estación de Villa de Leyva se encontraba la contenida en la Ley 400 de 1997, debiendo entonces el actual titular del derecho de dominio proceder a realizar dichas gestiones que aún no se habían surtido pese al amplio vencimiento del plazo legal, las cuales, fueron renovadas con la expedición de las NSR-10 adoptadas por medio del Decreto 926 de 2010, esto es el 15 de julio de 2010, fecha para la cual la Policía Nacional ya ostentaba la titularidad del referido bien.

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