Que no tenían porque suspender al exalcalde de Almeida

Marzo 26, 2021

Que no tenían porque suspender al exalcalde de Almeida

Foto: Boyacá Sie7e Días

Anulan las sanciones de destitución e inhabilidad por el término de 10 años, impuestas por la Procuraduría General de la Nación al ex alcalde del municipio de Almeida y le restablecen sus derechos.


El señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de que se declarara la nulidad de la Resolución 003 del 23 de mayo de 2018, confirmada en segunda instancia por la Resolución 012 del 31 de agosto del mismo año. Estos actos le impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años mientras ocupaba el cargo de alcalde del Municipio de Almeida para el periodo 2016-2019. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad accionada al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación hasta cuando efectivamente se produjera su reintegro al cargo.


A partir de los hechos expuestos, le correspondía establecer al Tribunal Administrativo de Boyacá si la Procuraduría General de la Nación era competente para destituir e inhabilitar por 10 años al alcalde del Municipio de Almeida para ejercer cualquier cargo público, a partir de las garantías previstas en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


El señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ, a través de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 003 del 23 de mayo de 2018, confirmada en segunda instancia por la Resolución 012 del 31 de agosto del mismo año. Estos actos impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años al actor mientras ocupaba el cargo de alcalde del Municipio de Almeida para el periodo 2016-2019.


Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad accionada al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 9 de octubre de 2010 (sic) “y hasta la fecha en que efectivamente se produjo su reintegro al cargo”.


También pidió que se condene a la entidad demandada al pago de 50 SMLMV “por la grave afectación a su buen nombre, derivada del hecho de haberlo mostrado ante la sociedad como un infractor de la ley, sin serlo, y haberlo sometido al escarnio público que representa salir de su cargo como alcalde del Municipio de Almeida – Boyacá por la sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años que le impuso el ente de control”.


Adicionalmente, solicitó que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN publique en su página web oficial la sentencia que se dicte en el presente proceso, como medida restaurativa derivada de la grave afectación a su buen nombre.


Finalmente, pidió que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.


Como fundamentos fácticos de la demanda, el apoderado de la parte demandante enunció los que se resumen enseguida:


Que el 25 de octubre de 2015 el señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ fue elegido alcalde del Municipio de Almeida para el periodo 2016-2019.


Que el 16 de marzo de 2016 una queja anónima denunció ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que el demandante fue elegido a pesar de encontrarse inhabilitado para ocupar el cargo, por haber intervenido en la celebración de varios contratos dentro del año anterior a su elección en los términos del artículo 37-3 de la Ley 617 de 2000.


Que la entidad accionada inició un proceso disciplinario con base en esta queja y, finalmente, dictó los actos acusados al encontrar configurada la inhabilidad, específicamente por la celebración del contrato 00669 del 13 de enero de 2015.


Que ante esta situación el accionante presentó una acción de tutela, la cual fue declarada improcedente en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Sin embargo, la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 19 de noviembre de 2018, amparó los derechos del señor ACEVEDO VELÁSQUEZ de forma transitoria y ordenó la suspensión temporal de los efectos de las decisiones disciplinarias, con su consecuente reintegro inmediato al cargo.


Que el fallo de tutela en mención asimismo otorgó el término de 4 meses para la formulación del medio de control ordinario y la solicitud de una medida cautelar, so pena de la cesación del amparo constitucional.


FALLA:


PRIMERO: INAPLICAR por inconvencionalidad y con efectos Inter partes el artículo 45-1 del CDU, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia.


SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 003 del 23 de mayo de 2018 y 012 del 31 de agosto del mismo año, con las cuales la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN impuso al señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ las sanciones de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, por lo indicado en esta sentencia.


TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor del señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ, identificado con c. c. 74.282.603, el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio, esto es, (i) desde que se hizo efectiva la sanción disciplinaria y hasta cuando se efectuó su reintegro por orden de tutela, y (ii) desde cuando cesaron los efectos del anterior amparo y hasta el 31 de diciembre de 2019. De haberse efectuado previamente algún pago por estos conceptos deberá descontarse de la indemnización.




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