Recuerdan un fallo reciente que también protege al lago de Tota

Diciembre 11, 2020

Foto: El Tiempo

Recientemente se emitió un comunicado a la opinión pública de parte de los ambientalistas de esa región del departamento con respecto al fallo del Consejo de Estado sobre la especial protección que necesita el lago de Tota.


“La sentencia permite evidenciar la debilidad de las instituciones ambientales municipales, departamentales, regionales y nacionales. Pese a la extensa normatividad ambiental del país, muy poca se ha traducido en hechos concretos en beneficio del Lago de Tota, de la cuenca, sus pobladores y beneficiarios. Esta sentencia reafirma lo evidenciado por la Corte Constitucional en su Sentencia SU-098, relacionada con el déficit en la protección Constitucional de los mecanismos de Participación Ciudadana respecto a la industria extractiva. Si bien las autoridades ambientales presentan un ejercicio activo de sus responsabilidades, en la práctica, se debe a la presión y denuncia de las comunidades, ya que su falta de gobernanza ambiental y compromiso social nos obliga a informarnos por cuenta propia y a emprender acciones con las cuales exigir el respeto de los derechos del medio ambiente y de nuestro territorio”, dice el comunicado.


El Colectivo por la Protección de la Provincia Sugamuxi, compartió el fallo en segunda instancia proferido el 1 de junio de 2020 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, relacionado con la Acción Popular (15001-23-33-000-2013-00354-02) interpuesta por los ciudadanos Omaira Rivas y Francisco Forero en 20131.


Es importante señalar que el lago de Tota abastece de agua a por lo menos 300.000 personas, y que allí nace el río Upía, del cual dependen el abasto hídrico de otros departamentos. La multinacional Maurel & Prom actualmente cuenta con concesiones de agua tomadas directamente del espejo de agua del lago. El otorgamiento de concesiones petroleras y licencias ambientales en el lago de Tota y sus cuencas hidrológica e hidrogeológica compromete su existencia y profundiza la crítica situación ambiental y social ya existente, la cual es conocida plenamente por las autoridades ambientales y los entes de control.


Dicha acción buscó la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, en especial la protección del lago de Tota, derechos que consideró vulnerados por el proyecto petrolero pretendido por la multinacional Maurel & Prom.


“A continuación, presentamos los puntos más relevantes que contiene la providencia de segunda instancia:


PRIMERO. Revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá y en su lugar amparó los derechos colectivos presentes en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, donde:


A. CORPOBOYACÁ amenaza por omisión dichos derechos teniendo en cuenta la situación de los vertimientos de la industria hotelera, del municipio de Aquitania y de otras actividades agrícolas. Así, el fallo dispone que la Corporación Autónoma deberá:


1. En el término de dos meses a partir de la notificación de la sentencia, apoyar y asesorar al municipio de Aquitania sobre la revisión y cumplimiento normativo del Plan de Saneamiento y, en un plazo de seis meses, tener aprobado dicho Plan. En caso de ser necesaria su actualización, se contarán seis meses a partir de la fecha de terminación de la asesoría.


2. Iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar por incumplimiento de las normas ambientales en materia de vertimientos por parte del Municipio de Aquitania, de lo cual, debe presentar informe semestral al Comité de Verificación durante los dos años siguientes a la ejecutoria. El comité estará conformado por: el Magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en el Tribunal Administrativo de Boyacá, Omaira Rivas y Francisco Forero en calidad de actores populares, CORPOBOYACÁ, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios”.

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