Tribunal falló frente al caso de restos humanos expuestos en el cementerio de Pauna

Septiembre 12, 2020

Foto: Catorce6

El Tribunal Administrativo de Boyacá dio a conocer los términos del pacto de cumplimiento para solucionar la emergencia sanitaria y ambiental del municipio de Pauna, generada por restos humanos expuestos en su cementerio, colapso de bóvedas y movimiento de tierra que está vertiendo material a sus fuentes hídricas.


Hay que recordar que a través de demanda de acción popular en contra del Municipio de Pauna, el Departamento de Boyacá - Secretaría de Salud-, Corpoboyacá y la Parroquia San Roque del mencionado municipio, la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja y el Personero de Pauna, denunciaron, en síntesis, que el cementerio de esa localidad no contaba con cerco perimetral, ni estaba respetando la ronda de protección en relación con la quebrada la Manotera; que en razón a la dinámica normal de las fuentes hídricas se presentaban fenómenos erosivos que conllevaban a que la parte de las bóvedas hubiera colapsado, generando vertimientos y exposición de residuos óseos por el material que era arrastrado a la mencionada quebrada, fuente abastecedora de agua potable de la zona.


Adicionalmente, refirieron los actores populares que el estado del cementerio generaba olores ofensivos, riesgosos y no contaba con un sitio de disposición de residuos peligrosos provenientes de exhumaciones. Que a media cuadra estaba ubicado el Colegio Técnico Nacionalizado de Pauna, por lo que sus estudiantes se veían expuestos a riesgo sanitario inminente, incumpliendo con la regulación establecida en el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.


Con base en los hechos expuestos, solicitaron que en amparo de los derechos colectivos invocados, se ordenara al Municipio de Pauna y a su Parroquia San Roque, la adopción de algunas medidas cautelares y como pretensiones se ordenara: i) A las autoridades demandadas la realización de un estudio técnico que determinara la viabilidad de operación y funcionamiento del cementerio en el lugar donde se encontraba, y ii) A Corpoboyacá la imposición de las medidas preventivas a que hubiere lugar como consecuencia de la situación ambiental indicada.


Así fue como en audiencia del pasado 24 de agosto, las autoridades accionadas formularon propuesta de pacto de cumplimiento consolidada en un cronograma contentivo de las tareas y actividades a ejecutar para dar solución a la problemática ambiental generada por el cementerio municipal, el cual se encuentra inserto en la providencia que se reseña.


Corolario de lo anterior, el Tribunal encontró que la propuesta de pacto de cumplimiento construida con el apoyo y aquiescencia de los actores populares, la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, aunada a las fórmulas presentadas por Corpoboyacá y la Secretaría de Salud de Boyacá, eran lo suficientemente completas, detalladas y precisas para proceder a su aprobación, habida consideración a que contribuía a garantizar la prestación del servicio del cementerio municipal a la comunidad en óptimas condiciones de sanidad y salubridad, así como a la protección y recuperación de las fuentes hídricas circunvecinas -quebrada La Manotera y caño innominado-, para lo cual resultaban convenientes y adecuadas las acciones de reforestación y solidificación de suelo propuestas por Corpoboyacá.


Recodó igualmente el Tribunal que en el cronograma de actividades no fue incluida la pretensión relativa a la realización de un estudio técnico relacionado con la viabilidad del funcionamiento y eventual traslado del cementerio municipal. Al respecto sostuvo que la vulneración de los derechos e intereses colectivos devenía de la situación de salubridad generada en el cementerio y no en razón de su ubicación respecto de lo regulado en el PBOT.


Entonces, resultaba evidente que con la eficiente ejecución de las actividades pactadas, se lograría la protección de los derechos colectivos que actualmente les estaban siendo vulnerados y amenazados a los habitantes del municipio de Pauna, a fin de garantizar a la comunidad su goce efectivo. En este sentido, consideró el Tribunal que era procedente avalar el pacto de cumplimiento propuesto por las partes.

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