¿Qué pasó con la demanda por el hijo de Pedro ‘orejas’ contra Pauna?

Foto: Boyacá Sie7e Días

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó una millonaria indemnización solicitada por la muerte del hijo del empresario de las esmeraldas, Pedro Nel Rincón Castillo, ocasionada en un acto terrorista en el marco del XXII Festival Campesino Paunense en el año 2013.

El Tribunal encontró que el alcalde de la época de manera previa a la ocurrencia de la explosión de una granada el 9 de septiembre de 2013 en el casco urbano, que generó los daños a las víctimas, desplegó actuaciones tendientes a evitar eventos que contravinieran la paz y tranquilidad de los habitantes, atendiendo a los rumores acerca de la reactivación de la denominada ‘Guerra Verde’ y había solicitado al Ejército Nacional que por su intermedio se expidiera la medida administrativa pertinente para restringir el uso de armas de fuego, de junio a diciembre de 2013, por lo que aquella estaba vigente el día en el hecho tuvo lugar.

Así mismo, advirtió que en el comité de Orden Público de Pauna, al que asistieron integrantes de la Alcaldía y de la Policía Nacional, se concluyó la necesidad de tomar medidas de seguridad, teniendo en cuenta las rencillas entre varios civiles en la región como lo eran Maximiliano Cañón, Luis Murcia Chaparro, Oscar Chaparro y Pedro Nel Rincón. 

Lo anterior permitió colegir que si bien era cierto el municipio advirtió que para la época de los hechos podían existir eventuales circunstancias que reactivaran acciones violentas en la región, tal escenario no podía llevar a concluir que el acto terrorista que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2013 y que posteriormente conllevara la muerte del joven Pedro Simón Rincón Salazar, hijo del empresario de las esmeraldas Pedro Nel Rincón Castillo, constituía un "hecho notorio" tal y como lo indicara su apoderado en su escrito de alzada.

Esto en razón a que en el municipio no se habían presentado brotes de violencia e inseguridad desde hacía aproximadamente 3 años y, adicionalmente, de acuerdo a lo consignado en el Plan de Seguridad y Convivencia del Municipio de Pauna 2012-2015, para la época, en ese municipio esas situaciones eran mínimas.

Además, la Policía Nacional apoyó con un número superior a 30 uniformados la asistencia a las actividades programadas, quienes debían ejecutar planes de registro, control e identificación de personas, de acuerdo con lo consignado en la orden de vigilancia expedida por esa institución. 

En suma, a juicio de la corporación judicial, resultaba contradictorio que se pretendiera fundamentar la tesis de una predecible ambiente de violencia en la región, a partir de las medidas de seguridad adoptadas por las entidades demandadas, cuando lo cierto era que las mismas, desvirtuaban la falla del servicio por omisión invocada en la demanda, aunado al hecho de que no fue aportada prueba alguna que permitiera afirmar que las víctimas directas les habían solicitado medidas de protección, o siquiera que les pusieran en su conocimiento alguna situación irregular que ameritara una alerta especial en la zona.

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