Colombia se encuentra en un punto crucial donde la gestión efectiva de riesgos se convierte en una oportunidad vital para construir un futuro más resiliente y sostenible. Con el reciente impacto del fenómeno climático La Niña entre 2021 y 2023, el sector agropecuario colombiano sufrió significativamente, absorbiendo el 42,47% de los daños totales.
Este desafío ha llevado a las nuevas administraciones departamentales y municipales a una encrucijada, destacando la necesidad urgente de fortalecer sus capacidades en la gestión de riesgos. Mientras algunas regiones, como Antioquia, Caldas, Santander y ciudades como Bogotá, han avanzado con éxito en esta dirección, otros lugares como La Guajira, Chocó, Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena enfrentan desafíos significativos que exigen una atención inmediata.
Juan Carlos Orrego, un experto en gestión de riesgos, subraya la importancia crítica de fortalecer las capacidades nacionales y municipales en este campo. La mejora de la capacidad fiscal y financiera, especialmente a nivel municipal, se vuelve crucial. Además, destaca la urgente tarea de redirigir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abordando sus actuales debilidades.
Orrego enfatiza la necesidad de abordar proactivamente la reducción de riesgos desde el inicio de la gestión de las nuevas administraciones. Este enfoque requiere una gobernanza anticipativa, considerando a fondo los riesgos, reduciéndolos y preparándose adecuadamente. Según él, la clave está en otorgar una relevancia política significativa a la gobernanza de riesgos.
En busca de inspiración, Orrego señala la experiencia de Japón como un ejemplo notable de resiliencia ante desastres. Las medidas integrales en Japón, que incluyen normativas de construcción estrictas, sistemas avanzados de alerta temprana y una gestión coordinada entre gobierno, sector privado y comunidades, sirven como modelo para la gestión de riesgos.
Sin embargo, Orrego advierte que las capacidades para enfrentar crisis en Colombia son inferiores a los retos que avanzan más rápido que las soluciones. La frecuencia creciente de desastres, como incendios forestales, y las limitadas capacidades de respuesta reflejan la subestimación de la gestión de crisis en el país.
En los últimos cuatro años, la resiliencia de los municipios colombianos ha sido puesta a prueba enfrentando dos crisis de magnitudes significativas. La pandemia de COVID-19 afectó al 99,73% de los municipios, mientras que las inundaciones asociadas a La Niña impactaron el 49% de los municipios, generando un impacto humano severo.
Estas crisis dejaron secuelas importantes, exacerbando la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y afectando la salud, educación y medios de vida. Los efectos económicos del COVID-19 se reflejaron en una contracción del 7% en la economía en 2020, mientras que los daños y pérdidas por La Niña representaron el 1,5% del PIB en 2022, según el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda.
En el contexto actual, las nuevas administraciones territoriales se enfrentan al desafío de anticiparse a crisis desde el inicio de su gestión, aprendiendo de experiencias pasadas. Es crucial establecer oficinas coordinadoras de gestión de riesgos con liderazgo técnico y capacidad de coordinación interinstitucional, lideradas por figuras cercanas a los mandatarios.
Juan Carlos Orrego enfatiza la acción inmediata de los gobernantes para garantizar la incorporación de la gestión de riesgos y el manejo de crisis en los planes de desarrollo actualmente en formulación. Esta acción debe fortalecer las capacidades del enfoque de sostenibilidad y reducción de riesgos, especialmente en sectores críticos como el agropecuario, vial y educativo.
Mirando hacia el futuro, la experiencia finlandesa de anticipación de crisis a través de normativas y la creación de reservas estratégicas que aseguran provisiones y reservas ofrece un modelo a seguir. Este enfoque proactivo implica la estimación detallada de escenarios y la planificación de mejoras necesarias para fortalecer la resiliencia ante crisis. Se propone un abordaje integral que considere factores geográficos, económicos y demográficos de cada región, permitiendo una gestión más eficiente y adaptada a las características específicas de cada territorio.
En conclusión, los impactos recientes y las lecciones aprendidas resaltan la necesidad urgente de inversiones estratégicas en recursos financieros, capacitación y fortalecimiento institucional. Las nuevas administraciones tienen la responsabilidad de enfrentar estos retos con una visión anticipativa, priorizando la gestión de riesgos como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la protección de las comunidades frente a eventos adversos.
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