En los últimos 22 años, miles de estudiantes colombianos han enfrentado procesos judiciales por delitos como rebelión y terrorismo, según la reciente investigación realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano. Los resultados revelan una preocupante cifra de 10,931 casos en los que jóvenes de entre 15 y 26 años fueron criminalizados entre 2000 y 2022. Sin embargo, la investigación pone de manifiesto que el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% de los jóvenes señalados por estos delitos.
La mayoría de los casos (8,216) ocurrieron entre 2000 y 2011, coincidiendo con la implementación de la llamada seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. En contraste, los años posteriores muestran una disminución, con 2,225 casos entre 2012 y 2018, y 460 casos de 2019 a 2022. Resulta notable que los estudiantes varones constituyan la mayoría de los imputados, con 8,769 casos, en comparación con los 2,161 casos de mujeres.
La concepción del delito de rebelión y su transformación discursiva hacia el terrorismo llaman la atención en este estudio. Según el Código Penal, la rebelión implica el intento de derrocar al Gobierno Nacional o modificar el régimen constitucional vigente. Es un delito político que no penaliza el uso de armas en sí mismo, sino su finalidad. Sin embargo, de los 3,491 casos de rebelión examinados entre 2000 y 2018, solo 17 están vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 2 a otros grupos paramilitares. En cambio, el periodo 2019-2022 presenta 150 casos sin información sobre el grupo armado, 45 vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 6 a grupos armados sin referencia y 3 a «otras guerrillas». Se evidencia una ausencia de menciones a grupos paramilitares en estos últimos años.
La criminalización de estudiantes involucra diversas formas, desde judicializaciones y detenciones arbitrarias hasta desapariciones y muertes en hechos confusos, hostigamiento, exilio y estigmatización. La historia de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, ejemplifica este fenómeno. Capturado en 2017 y acusado de instalar y detonar una bomba panfletaria en Bogotá en 2015, Gutiérrez León fue presentado como miembro del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y responsable de varios atentados. Después de dos años, logró probar su inocencia y ser absuelto.
La investigación de la UIP también destaca un vacío en los datos proporcionados por la Fiscalía, donde se omite información relevante como la edad, el género y el nivel de escolaridad de los jóvenes procesados. Este vacío dificulta la documentación precisa del fenómeno, contribuyendo a la catalogación errónea de cientos de jóvenes como terroristas o guerrilleros, a menudo por sus ideologías de izquierda. La consecuencia es la criminalización, persecución, estigmatización y señalamiento sin tener en cuenta las amenazas constantes y las violaciones de los Derechos Humanos, según concluye la investigadora Castellanos.
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