La Procuraduría General de la Nación ha confirmado la suspensión por tres meses del gerente de la Terminal de Transportes de Sogamoso, Leonardo Rojas Vargas, decretada previamente por la Personería de Sogamoso, Boyacá. La medida tiene como objetivo evitar interferencias en la investigación que adelanta el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción de una nueva terminal de transportes por valor de $86.4 millones.
La decisión de la Personería de Sogamoso de suspender a Leonardo Rojas Vargas se basa en las presuntas acciones del gerente al haber adelantado el proceso contractual de manera individual, sin la colaboración y asesoría de la oficina jurídica de la entidad. Además, se alega que Rojas Vargas desobedeció la orden del Juzgado Segundo Administrativo de congelar temporalmente el proceso de contratación hasta aclarar los términos de la adjudicación.
La Procuraduría respalda esta medida argumentando que la presencia del señor Fredy Leonardo Rojas Vargas en su cargo podría resultar en interferencias en la investigación en curso. Hasta el momento, la Personería Municipal ha enfrentado obstáculos para recopilar pruebas debido a las evasivas del gerente Rojas Vargas y la falta de documentos jurídicos que justifiquen la continuación del proceso de contratación, a pesar de la decisión judicial.
En su comunicado, la Procuraduría destaca la posibilidad de que Rojas Vargas, de mantenerse en su cargo, pueda incurrir en futuras irregularidades que agravarían las presuntas anomalías ya investigadas. La medida de suspensión se presenta como una salvaguarda necesaria para proteger la función administrativa y garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública.
La situación destaca la importancia de seguir los procedimientos legales y éticos en la administración pública, especialmente en procesos de contratación que involucran fondos significativos. La Procuraduría subraya la necesidad de adoptar medidas protectoras para preservar la integridad de la función administrativa y evitar cualquier actuación en detrimento de los principios y fines que rigen la contratación pública.
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