La Registraduría Nacional del Estado Civil ha lanzado una urgente campaña para localizar a más de 850,000 ciudadanos que aún no han reclamado sus documentos de identidad, según informó la entidad en un comunicado oficial. Esta cifra alarmante abarca una variedad de documentos, incluyendo 335,990 cédulas digitales en policarbonato, 107,528 cédulas amarillas con hologramas y 412,420 tarjetas de identidad.
La entidad señala que los ciudadanos que han tramitado su cédula de ciudadanía tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de su producción, para reclamarla. En cuanto a las tarjetas de identidad, podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De lo contrario, se advierte que estos documentos serán devueltos a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción.
Es crucial recordar que esta medida está respaldada por lo establecido en la Circular Única de Registro Civil e Identificación. La Registraduría Nacional resalta los riesgos administrativos y civiles asociados con el mantenimiento, la custodia y el inventario de documentos de identidad no reclamados, justificando la necesidad de su pronta destrucción.
La cifra de 855,938 ciudadanos que aún no han retirado sus documentos de identidad incluye a aquellos que realizaron el trámite en las diversas sedes de la Registraduría a nivel nacional, así como en las Oficinas de Atención Preferencial para Personas en Condición de Discapacidad y Población Vulnerable (OPADI).
La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado urgente a todos estos ciudadanos para que reclamen sus documentos de identidad, subrayando su importancia esencial para realizar trámites y acceder a servicios gubernamentales. En particular, se destaca que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto, reforzando la necesidad de que los ciudadanos se acerquen a reclamar sus documentos en el plazo estipulado.
Esta campaña de la Registraduría Nacional busca evitar la acumulación innecesaria de documentos no reclamados y garantizar que los ciudadanos cuenten con sus identificaciones esenciales para participar plenamente en la sociedad y ejercer sus derechos cívicos.
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