La Región Central de Colombia enfrenta una grave crisis ambiental con más de 8.700 incendios forestales registrados en lo que va de enero de 2024, generando alarma y llevando a 271 municipios a declarar alerta roja. Esta situación, atribuida al impacto del Fenómeno de El Niño, ha llevado a los departamentos de Boyacá, Huila y Cundinamarca a declarar calamidad pública.
La advertencia sobre este escenario se remonta a mediados de octubre de 2023, cuando la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) emitió un Boletín Preventivo Regional a través de una herramienta digital de consulta interactiva. Este boletín alertó sobre la situación que actualmente enfrentan los territorios de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y el Distrito Capital.
Ricardo Agudelo Sedano, gerente de la RAP-E, expresó su preocupación y anticipó mayores desafíos en la próxima edición del boletín, programada para finales de febrero. «Se detallarán los riesgos de desabastecimiento de agua que podrían ocasionar efectos adversos en la continuidad de la prestación del servicio de los acueductos. También se vería afectado el servicio hídrico para el riego necesario en la siembra y cosecha de alimentos, lo que demandará acciones contingentes para racionamiento y suministro de agua», advirtió.
Hasta el momento, los territorios más golpeados por los incendios forestales son:
Cundinamarca: Guachetá, Lenguazaque, Nemocón, Sutatausa y Chocontá.
Boyacá: Samacá, Nobsa y Güicán.
Huila: Campoalegre, San Luis y San Ezequiel.
Meta: Puerto Gaitán, Mapiripán, San Martín, Puerto Lleras, La Macarena, Vistahermosa y Puerto Concordia.
Tolima: El Espinal, Suárez, Murillo, Lérida, Ambalema y Venadillo, Chorrillo, Alvarado.
Bogotá: Específicamente, las localidades de Teusaquillo (cerros orientales) y Usme.
La magnitud de los incendios ha llevado a las autoridades locales a movilizar recursos y personal para combatir las llamas, mientras se implementan medidas de emergencia para proteger a la población y minimizar los daños ambientales. La colaboración interinstitucional y la participación ciudadana se perfilan como elementos cruciales para hacer frente a esta emergencia ambiental sin precedentes en la Región Central de Colombia.
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