El presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2346 el pasado 10 de enero, asegurando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) continuará brindando alimentación a cerca de 17.000 reclusos en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025. Esta medida, respaldada por la Corte Constitucional, permite que la USPEC mantenga su rol en el servicio de alimentación para personas privadas de libertad de manera transitoria.
Hasta la fecha especificada, la obligación del servicio de alimentación en estaciones de policía y URI, originalmente atribuida a las entidades territoriales, seguirá contando con el apoyo de la USPEC. La ley, aprobada definitivamente por el Congreso de la República a principios de diciembre, surge como respuesta a la necesidad de garantizar la alimentación de cerca de 17.000 personas sin condena que actualmente se encuentran recluidas en centros de detención transitoria.
A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de proporcionar alimentación a la totalidad de las personas recluidas en estos centros recaerá en los municipios y departamentos, en cumplimiento con una orden de la Corte Constitucional emitida en 2022. La medida busca descentralizar la prestación de este servicio y garantizar una transición efectiva hacia la responsabilidad local en la alimentación de los reclusos en centros de detención transitoria.
La ley, de autoría del Ministerio de Justicia y del Derecho, recibió el respaldo y apoyo de diversas entidades territoriales, incluyendo Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios y la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue socializada con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, asegurando una construcción consensuada y respaldada por actores clave en el sistema de justicia y derechos humanos.
La extensión del servicio por parte de la USPEC hasta junio de 2025 permitirá una transición ordenada y brindará tiempo suficiente para que las entidades territoriales se preparen para asumir plenamente la responsabilidad de la alimentación en los centros de detención transitoria. La medida representa un paso hacia una gestión más efectiva y descentralizada de los servicios penitenciarios y carcelarios en Colombia.
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