La evaluación del primer año del cese al fuego bilateral en Colombia arroja cifras preocupantes, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Durante este periodo, se registraron 236 violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). De estas, 34 fueron acciones directas, involucrando confrontaciones entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, mientras que 202 correspondieron a acciones indirectas, representando hechos violentos de estos grupos contra la población civil.
La entidad nacional de derechos humanos realizó un seguimiento constante al cese al fuego bilateral entre enero y diciembre del 2023. El estudio revela que, a pesar de los esfuerzos por mantener un ambiente de paz, la población civil es la principal afectada, con vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, integridad, libertad y seguridad.
Las acciones directas, que incluyen hostilidades entre la fuerza pública y grupos armados, se concentraron principalmente en el departamento del Cauca, siendo este el más afectado con 21 de las 34 acciones registradas. Además, se destaca que el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC fue responsable del 94% de estas acciones, con un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El monitoreo detalla que la mayoría de las acciones directas ocurrieron en el primer semestre del 2023, con enero como el mes con más incidentes. En el caso de las acciones indirectas, se identificaron confrontaciones armadas entre el EMC y la Segunda Marquetalia contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, generando desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad y extorsiones, entre otros.
La Defensoría del Pueblo aboga por que los grupos alzados en armas detengan el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, liberen a los menores de edad en sus filas, renuncien al secuestro y entreguen a todas las personas en su poder. Asimismo, la entidad espera ser escuchada en las mesas de diálogo de paz para representar las voces de las comunidades afectadas y lograr un proceso que responda al anhelo de paz de los colombianos.
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