La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, y varios exfuncionarios, incluyendo los exsecretarios de Infraestructura, Oscar Corredor, y Elkin Rincón, así como el exsecretario de Contratación, José Fernando Quintero, por presuntas irregularidades en un contrato financiado con regalías por un monto de $28.000 millones.
La acción disciplinaria tiene como foco las deficiencias detectadas en las obras de mejoramiento de la vía Soracá – Siachoque, financiadas a través del Sistema General de Regalías. La Procuraduría ha señalado que durante la ejecución del proyecto, se habrían realizado modificaciones en la estructura del pavimento, estructura hidráulica y la señalización de la vía sin justificación técnica. Además, se encontraron presuntas deficiencias en la cantidad de materiales necesarios para la culminación del proyecto, generando retrasos, sobrecostos y una reducción improcedente de la longitud intervenida de la vía.
La investigación también apunta a fallos en la publicación de documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que podría haber afectado la transparencia y legalidad del proceso. El Ministerio Público ha subrayado que las presuntas irregularidades se remontan a la etapa de planeación del proyecto, donde se habrían desconocido criterios técnicos esenciales para la elaboración de estudios previos de tránsito, diseños geométricos, estudios hidráulicos, de socavación y estabilización de taludes.
La Procuraduría, en su misión de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías, ha solicitado pruebas que sustenten las etapas precontractual, contractual y de ejecución de la obra. Esta investigación destaca la importancia de que los servidores públicos administradores de recursos del Sistema General de Regalías lo hagan de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una supervisión rigurosa y una gestión transparente en el manejo de los fondos destinados a proyectos de infraestructura, subrayando la importancia de mantener la integridad en todos los niveles de la administración pública. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.