Viceministerio de Justicia aborda la emergencia carcelaria con los 126 centros penitenciarios del país
En respuesta a los recientes ataques contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno nacional, el pasado 12 de febrero, declaró la emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país. Ante esta situación crítica, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, lideró una reunión virtual con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de derechos humanos de los 126 centros penitenciarios a nivel nacional.
La reunión tuvo como objetivo manifestar solidaridad y apoyo a los equipos de las cárceles, explicar los fundamentos de la declaratoria de emergencia carcelaria y subrayar la necesidad de preservar el orden y las condiciones de la población privada de libertad. En el encuentro, Umaña destacó la importancia de abordar dos aspectos cruciales que fundamentan la medida: la protección y preservación de la vida e integridad de la guardia penitenciaria, así como el incremento del fenómeno de extorsión desde las cárceles.
El viceministro anunció diversas acciones para hacer frente a esta situación crítica. Entre ellas, se destacó la articulación con la Fiscalía General de la Nación para designar un fiscal y 10 policías judiciales dedicados exclusivamente a investigar casos de hostigamiento, amenazas y crímenes contra funcionarios del Inpec. Además, se estableció una colaboración con la fuerza pública para proporcionar asistencia perimetral en los centros penitenciarios, con énfasis en los momentos críticos, como los cambios de turno o desplazamientos fuera de las cárceles.
El viceministro Umaña también abordó la problemática de la extorsión desde las cárceles, anunciando la continuación de la lucha contra este delito con estrategias de registro y control, incluyendo la Operación Dominó, que busca combatir tanto la extorsión como la corrupción dentro del sistema penitenciario. Además, se están llevando a cabo mesas de diálogo con los operadores de telefonía para implementar tecnologías que restrinjan las comunicaciones en los establecimientos carcelarios.
En el cierre de la reunión, el viceministro resaltó la importancia de que los directores de las cárceles comuniquen de manera clara y precisa los impactos que la emergencia carcelaria puede tener sobre las personas privadas de la libertad y sus familias. Esta comunicación transparente es esencial para que todos los involucrados estén informados y se garantice el cumplimiento de las condiciones de dignidad que les corresponden en medio de esta coyuntura desafiante.