En medio de controversias, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Enrique Vera López, se encuentra en el centro de la polémica tras no recibir sanciones por el presunto incumplimiento de una orden judicial, según lo revelado por el actor ciudadano Yesid Figueroa.
Figueroa, quien ha sido una figura destacada en la denuncia de irregularidades, hizo público que el rector Vera López no ha enfrentado consecuencias por el presunto desacato al dictamen pericial decretado en el marco de una acción popular. Esta acción tiene como objetivo la rehabilitación estructural y preventiva del sector San Ricardo, comprendido hasta las cruces de la vía que conecta Tunja con la ciudad de Bucaramanga.
La demanda presentada por Figueroa no solo involucra a la UPTC sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al municipio de Tunja, siendo una solicitud integral para la reparación del sector en cuestión. Entre las peticiones se incluye la mejora de la señalización vertical y horizontal, tanto diurna como nocturna, y otras obras destinadas a garantizar el óptimo estado de la vía pública, que actualmente presenta diversas falencias, daños y afectaciones de múltiples índoles.
Lo más llamativo de la situación es que, a pesar de no cumplirse la orden judicial, el Juez 7 Administrativo de Tunja ha decidido no imponer sanciones al rector Vera López. Esta decisión ha generado críticas y ha levantado interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial en la ejecución de sus resoluciones.
Yesid Figueroa expresó su descontento señalando que el proceso ha experimentado demoras significativas, con más de 2 años dedicados al recaudo de pruebas y más de 4 años en trámite en primera instancia. Esta prolongada espera ha generado frustración en el actor ciudadano y en la comunidad que sigue de cerca este caso, evidenciando la necesidad de una pronta y eficaz resolución de los conflictos judiciales.
La falta de sanciones ante el presunto incumplimiento de la orden judicial por parte del rector de la UPTC plantea un desafío importante para la credibilidad del sistema judicial y la percepción de justicia en la sociedad. La ciudadanía aguarda con expectación el desenlace de este caso, esperando que se haga valer la legalidad y se garantice la correcta aplicación de la justicia en beneficio de la comunidad afectada.
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