La localidad de San Luis de Gaceno vive nuevamente momentos de tensión y movilización, ya que la comunidad ha retomado las protestas en contra del inicio del cobro de peaje, considerando esta medida como injusta y perjudicial.
Esta nueva manifestación surge como respuesta a lo que la comunidad denuncia como un presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en relación con el desarrollo y ejecución del contrato de concesión vial.
Después de que las protestas cesaran en noviembre pasado, se acordó llevar a cabo mesas de concertación para abordar las inquietudes de la comunidad y avanzar en la consolidación de información sobre el contrato de concesión. Sin embargo, la comunidad afirma que estos acuerdos no han sido cumplidos.
Milena Porras, Veedora de San Luis de Gaceno, explicó a Boyacá Sie7e Días: “Nosotros no estamos dispuestos a pagar ninguna tarifa, ni siquiera diferencial, hasta tanto las obras no estén culminadas. No podemos entrar, como ya nos pasó con el peaje de Macheta, fueron 14 años pagando por una carretera que no estaba disponible”.
La principal preocupación de la comunidad radica en el estado actual de la vía, alegando que no se encuentra en condiciones adecuadas y que existen tramos con riesgo de colapso, representando un peligro para los habitantes y los viajeros.
La movilización pacífica en la zona del peaje tiene como objetivo evitar el cobro y mantener la presión sobre las autoridades. A pesar de las promesas del gobierno nacional y la ANI de extender las mesas de diálogo hasta aclarar las dudas de la comunidad, los manifestantes lamentan la falta de cumplimiento de estos compromisos y exigen soluciones concretas y justas.
Milena Porras añadió: “Se suponía que nos iban a cobrar a las personas que estábamos formando parte de unos censos vehiculares, pero nos encontramos con la sorpresa de que hasta a la ruta escolar le están cobrando”.
La comunidad, conformada por 39 veredas y cinco centros poblados, ha decidido organizarse para mantener una resistencia firme en su petición y reclamo de derechos fundamentales que consideran están siendo vulnerados. Su decisión es radical: no cancelarán el peaje, ya que consideran que esta construcción no fue socializada y perjudica tanto a los habitantes locales como a quienes se desplazan desde la zona rural al casco urbano del municipio y a los municipios circunvecinos. La comunidad espera respuestas concretas y acciones inmediatas por parte de las autoridades para resolver este conflicto que amenaza la armonía y seguridad en la región.