El municipio de Tunja se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que las Procuradoras 68 Judicial I y 121 Judicial II Administrativas de Tunja interpusieran una acción popular, alegando que el ente territorial vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Las falencias en la prestación del servicio público de plazas de mercado, tanto directamente como a través de contratos de prestación de servicios y concesión, son el centro de la disputa.
Las procuradoras alegan que el municipio ha descuidado medidas eficaces para mitigar las condenas judiciales históricas relacionadas con la vinculación de personal a través de Órdenes de Prestación de Servicios durante la gestión directa del servicio público de Plazas de Mercado. La falta de acción en este sentido ha llevado a que el municipio asuma solidariamente el pago de condenas judiciales y conciliaciones, afectando significativamente el patrimonio público.
Como respaldo a sus argumentos, las procuradoras mencionaron una acción de repetición adelantada por el municipio contra representantes legales de la Corporación de Abastos de Boyacá y exfuncionarios, relacionada con el reintegro de sumas pagadas a una ex trabajadora de las plazas de mercado en el marco de un proceso laboral.
El Juzgado Doce Administrativo de Tunja, en primera instancia, amparó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y emitió una serie de órdenes para protegerlo. Se reconoció que el municipio de Tunja ha sido condenado por más de 20 años debido a relaciones laborales encubiertas con su personal, y se ordenaron medidas correctivas.
En respuesta a la apelación presentada por el municipio, el Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó que el derecho colectivo estaba amenazado y ordenó acciones concretas para evitar la vulneración continua del patrimonio público. El tribunal sostuvo que las condenas judiciales por relaciones laborales encubiertas han afectado gravemente el erario municipal y que se requerían acciones preventivas y correctivas.
Entre las órdenes establecidas por el tribunal, el municipio de Tunja deberá presentar un estudio técnico, jurídico, contable y financiero en seis meses, proponiendo mecanismos idóneos y eficaces para garantizar la prestación del servicio público de plazas de mercado y evitar relaciones laborales encubiertas. Además, deberá revisar detalladamente las pólizas de las concesiones actuales, presentar informes sobre el cumplimiento contractual, y adoptar controles administrativos preventivos.
El municipio, ante estas disposiciones, se enfrenta al desafío de reformar sus prácticas contractuales y de supervisión para evitar futuras condenas judiciales y proteger efectivamente el patrimonio público. La situación destaca la importancia de una gestión eficiente y transparente en la prestación de servicios públicos para resguardar los intereses colectivos y garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales.
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